Por Alfredo Peña R.

"Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento", escribió (con la foto de portada) en una publicación de Instagram en el año 2019, el Presidente Gabriel Boric, refiriéndose a Francisca Moya, abogada militante del Frente Amplio.

Boric y Moya fueron compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella terminó su carrera, el mandatario no lo hizo al reprobar su tesis. 

En todos los ámbitos políticos hablan de la "desusada protección" de Moya ya que señaló en una comisión que ella estaba al tanto de las inhabilidades de la exMinistra de Defensa Maya Fernández y de la senadora Isabel Allende para la compra y venta de la casa de Salvador Allende.

La propia Isabel Allende (PS) en su discurso ante el Senador señaló textual: "Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional", aseveró la hija menor del expresidente Allende.

Senador Espinoza: "amiguismo exacerbado"

El senador Fidel Espinoza (PS) está molesto y no lo oculta: "El gobierno se demoró más de un año en sacar a Crispi por el amiguismo exacerbado", acusó, reprochando que "para gobernar no hay que rodearse de incondicionales sino de personas leales que sepan decir lo que no se puede hacer".

"Lo de Francisca Moya supera todos los límites y la defensa de la ministra de Segpres y y del ministro del Interior es simplemente inaceptable. Decir que es extraordinaria en su trabajo con la grave omisión cometida, es simplemente querer burlarse de la inteligencia de los chilenos", fustigó.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) comentó que "la verdad, es que desconozco las relaciones personales que pueda tener la señora Moya al interior de las Segpres o con otras instituciones del gobierno, pero lo que a mí me queda claro es que de acuerdo a lo que ella misma respondió en la comisión investigadora, no está cumpliendo a cabalidad su tarea".

Parlamentarios de Gobierno, consultados por Cambio21, señalan que "tenemos la certeza que Francisca Moya renunciará" en las próximas horas. "Es mucho el daño político que le está haciendo al Gobierno", reiteran.

Oposición anuncia acusación constitucional

La reciente decisión del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de respaldar a la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, ha abierto un nuevo frente de tensión en el Gobierno de Gabriel Boric.

La polémica se desencadenó luego de que Moya reconociera en una comisión investigadora que sabía de la inhabilidad constitucional de la senadora Isabel Allende para celebrar contratos con el Estado, lo que ha generado críticas tanto de la oposición como de sectores del oficialismo.

Moya, quien ocupa un cargo clave en La Moneda, es la encargada de asegurar que los documentos oficiales del Presidente Boric, como proyectos de ley y decretos, sean conformes a la legalidad.

Sin embargo, su actuación quedó en entredicho luego de que aprobara el decreto para la compra de la casa de Salvador Allende, sin tener en cuenta que la propiedad era de la senadora Allende y la exministra Maya Fernández, herederas del mandatario fallecido.

Este detalle fue fundamental para que el Tribunal Constitucional destituyera a Allende por violar la Constitución.

La defensa de Elizalde, respaldada por la nueva ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, no ha calmado los ánimos.

Advertencia de una acusación constitucional

En el Congreso, los parlamentarios de derecha han escalado la presión, advirtiendo que, de no cesar a Moya, se abriría el camino para una acusación constitucional contra Elizalde, por no haber “supervisado adecuadamente a su subalterna”, lo que, según la oposición, podría haber derivado en una negligencia grave, consignó La Tercera.

Elizalde, sin embargo, ha defendido la legalidad del proceso y subrayado que la contralora general de la República también validó la compra de la propiedad.

Además, señaló que una acusación constitucional “tiene que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución”, los que no se cumplen, en este caso, según su criterio.

“Explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la división jurídica legislativa y ese tema quedó más que claro en la comisión investigadora”, agregó, en relación con el rol de Moya en la comisión,