Por Teresa Frías K.

El caso SQM se transformó en uno de los más mediáticos luego del caso Penta, esto debido a que las denuncias se originaron por supuesto financiamiento irregular de campañas políticas y fraude al Fisco.

Dos años de investigación, en que hoy en día toma una dirección completamente diferente a la esperada. El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, presentó una solicitud al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para terminar con la investigación en contra de 58 imputados en el caso SQM.

El texto presentado por Gómez detalla que para tomar la decisión, la fiscalía tomó en consideración cuatro criterios: la fecha del último documento tributario ideológicamente falso emitido por el imputado, el efecto suspensivo de la prescripción de las denuncias y querellas presentadas por el SII el 2 de abril y 11 de mayo de 2015, 12 de abril de 2016 y el 16 de abril de 2017. Además de los informes de Policía Internacional para verificar los días en que los investigados estuvieron fuera del país y de los antecedentes penales.

De esta manera, el Ministerio Público llegó a la conclusión que en los presuntos delitos tributarios vinculados a la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a la empresa no metálica y sus filiales por servicios inexistentes "la acción penal se encuentra prescrita". 

Libres y sin antecedentes

Sin duda esta decisión ha causado gran polémica a nivel social, en que muchos apuestan que este será otro delito de cuello y corbata que quedará impune. Pese a lo complejo del caso no hay culpables.

Conversamos con el abogado querellante en Penta y SQM,  que representa a la  “Fundación Ciudadano Inteligente”, Mauricio Daza, quien nos aseguró que “es derechamente impresentable, básicamente porque lo que se hace es poner término a una investigación por delitos de corrupción reiterados y bastante graves, sin que se haya esclarecido todo que haya sucedido con respecto a la red que habría operado con SQM durante años, y que habría afectado a gran parte de la política de nuestro país”.

“En nuestro país el Ministerio Público goza de amplias facultades para poder decidir cuál es el destino de una investigación criminal a su cargo, nosotros solo podemos actuar por restricción legal expresa en contra de funcionarios públicos quienes hayan cometido los delitos que se le imputan, en ejercicio en sus cargos y los delitos que se le apuntan, en este caso estamos atados de manos”, puntualizó el experto.

Además, dijo a Cambio21 que “el sobreseimiento que se ha pedido, es un capítulo más de un conjunto de actuaciones realizadas hace ya dos años por el fiscal Pablo Gómez, que van en la dirección de poner término anticipado a esta causa sin esclarecer la verdad de lo sucedido y garantizando en la práctica impunidad sobre las personas que aparecen implicadas, esto se hace a vista y paciencia de toda la ciudadanía”.

Por último, Daza, puntualizó que “la verdad es que resulta evidente que el Ministerio Público ha tomado el camino de cerrar estas causas y no ahondar en las investigaciones vinculadas que se han hecho de corrupción, lo cual ha generado imputaciones graves en ese contexto nos encontramos frente a una institución que no está cumpliendo de manera plena con el deber constitucional y legal que establece en relación a indagar de manera completa y seria hechos delictuales, cobre todo cuando estamos frente a delitos que comprometen gravemente la fe pública”.

Más encima SQM seguirá ganando

Sin embargo, el sobreseimiento de estos 58 imputados no deja fuera las ganancias que seguirá teniendo la empresa. Frente a ello, los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, ambos militantes del Partido Comunista, han sido firmes con su propuesta de sacar al fiscal Pablo Gómez de la investigación.

“Creían que a través del pago de coimas, cohecho o sobornos podían controlar la actividad legislativa en cuerpos legales relevantes, como es el royalty minero, el Código de Aguas, y otras legislaciones. Creemos que no es razonable y una negligencia gravísima que este fiscal esté promoviendo que esa persona jurídica no sea perseguida penalmente”, dijo Gutiérrez, ante la eventual suspensión del procedimiento.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez también condenó este hecho, y aprovechó de criticar el convenio al que llegó Corfo con SQM para la explotación de litio.

“Más encima va a ser beneficiada con contratos multimillonarios hasta el año 2030. Son miles y millones de dólares lo que el Estado de Chile le va a entregar a SQM. Es como que el corruptor corrompe, paga, queda impune y más encima tiene ganancias multimillonarias. Eso ocurre en los países bananeros, y por supuesto que no queremos que ocurra aquí”, explicó.