Después de dos años de investigación, se cierra uno de los conflictos emblemáticos, Caso Caval, el que involucró los negocios con la política, y en el que, salvo por la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, varios personeros ligados a la UDI fueron parte del negocio, en el que estuvieron involucrados en la compra y cambio de uso de suelo de un terreno en Machalí.

 

El fiscal jefe de la Región de O’Higgins,  Emiliano Arias, presentó acusación ante el Tribunal de Garantía de Rancagua en contra de los 10 imputados en el caso Caval. El persecutor pidió hasta 5 años y un día de cárcel: la condena más alta se solicita para el síndico Herman Chadwick por sacar ventajas indebidas de la Ley de Quiebras, declaración de impuestos falsa y declaraciones incompletas.

 

 

En el caso de Compagnon, se pidieron 4 años de cárcel, la misma que para su ex socio Mauricio Valero. Se incluyen otros como Juan Díaz, Patricio Cordero, Nibaldo Mora. Hay 45 días para fijar la fecha del juicio oral.

 

Con respecto a Compagnon, fuentes judiciales aclararon que “el que le den 4 años significa que no va a pagar cárcel efectiva, sin embargo, pueden haber dos tipos de acuerdo: salidas alternativas que significan por ejemplo, que quede firmando por un determinado tiempo o que se comprometa a tener una conducta intachable durante un determinado tiempo, o bien, pueden ser acuerdos reparatorios, que significa que pague una cantidad de dinero por concepto del daño que ha hecho”.

 

 

Bastaron solo unos meses para descubrir que tras el cuestionado negocio de Caval no solo estaba la nuera de la Presidenta y su socio, Mauricio Valero, relacionado con personajes que habían pertenecido a los servicios de seguridad de la dictadura. Aparecieron los nombres de connotados militantes y dirigentes de la UDI quienes fueron los operadores que llevaron al síndico de quiebras Herman Chadwick la venta de la propiedad y fueron los mismos que alertaron a Valero de la existencia de este apetitoso negocio.

 

Sergio Bustos fue quien participó en la trama como operador ante bancos y quien destapó el caso en una demanda por no pago de supuestos honorarios por su intervención en la obtención del crédito por $6.500 millones que sirvió para adquirir las propiedades. No solo perdió el juicio laboral sino que su exposición pública le terminó pasando la cuenta en causas de derechos humanos que tenía pendientes y en las que aparecía como un agente de los servicios de seguridad. En realidad era un ex ayudista de la DINA que trabajó bajo las órdenes de Manuel Contreras. Su nombre aparece en una de las fichas rescatadas desde Colonia Dignidad.

 

 

Fue declarado reo por la muerte de tres militantes del MIR en la localidad de San Carlos, al sur del país en el año 1974. En aquel entonces Bustos era un connotado militante de Patria y Libertad.Tras ser detenido en Chillán, fue llevado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Carlos, donde quedó en prisión preventiva.

 

 

Se trata de un relevante operador de la UDI, que es un eje central en toda la operación Caval. De hecho fue acusado por otro militante de ese partido -y también parte del entuerto-, Patricio Cordero, de ser quien era el pagador de los sobornos y además el nexo con el síndico a quien también habrían llevado en el “negocio”. No es la única de Díaz, conocido por haber sido quien operó a favor de Jovino Novoa en el caso Spiniak buscando desacreditar a los testigos que lo inculpaban.

 

Según las declaraciones de Natalia Compagnon, Díaz fue la persona que le llevó el negocio de los terrenos de la familia Wiesner –dueños de los predios de Machalí- a Caval. Por esa razón, tanto él como Patricio Cordero tenían “derecho” a dividirse el 50% de las ganancias. Está formalizado como autor del delito de soborno (pagos a funcionarios de la Municipalidad de Machalí), cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico y facilitación de boletas maliciosamente falsas (cuando Chadwick le pagó los $ 415 millones, Díaz extendió una boleta de la sociedad Consultores Ges Limitada –de propiedad de Isaac Givovich, el yerno de Joaquín Lavín-, la que fue anulada por ser falsa).

 

 

 

Se trata del operador de Joaquín Lavín y quien fuera su administrador mientras el actual edil de Las Condes y excandidato presidencial fuera alcalde de Santiago. Por sus contactos, Cordero reconoce haber estado ligado al caso Luminarias que consistía en groseras estafas cometidas en distintos municipios ligados a la UDI en donde aparecen querellados el diputado homónimo e hijo de Joaquín Lavín, su otra hija María Asunción, recientemente condenada por giro doloso de cheques y su cónyuge, Isaac Givovich. Este acaba de denunciar a Joaquín Lavín por ocultamiento de dineros en su fallida candidatura presidencial.

 

Cordero posee muchas vinculaciones con Caval. Desde luego conoce a todos los partícipes de la UDI, incluso llevando al negocio a algunos de ellos, como a Díaz y Givovich. No solo eso, es investigado por el Ministerio Público por 13 facturas de Inversiones Lo Beltrán Limitada (una sociedad que le pertenece) y que fueron incorporadas en la contabilidad de Caval entre 2012 y 2014. Las facturas corresponderían a trabajos no realizados o ideológicamente falsos y que en total suman $305 millones y tendrían un perjuicio fiscal de $ 118.872.912.

 

 

 

Otro que aparece vinculado a la UDI –aunque no militante- es Victorino Arrepol. Valero lo llevó a Caval y Arrepol llevó a Bustos, quien le construyó un bunker como medio de protección. Un mitómano de marca mayor, según la policía.

 

Un supuesto correo que se aseguraba correspondía a un ministro, hizo conocido a Arrepol, otro de los operadores del negocio. El famoso correo resultó ser falso absolutamente y fue parte de las charadas e invenciones para darle “espaldas” a la operación comercial tras los inmuebles de Caval. Reconocido derechista, Arrepol tiene en su prontuario un auto secuestro que denunció en 2009, el cual, obviamente solo estaba en su imaginación.

 

 

Mora se estrena en la investigación Caval al ser nombrado por el otro operador de la UDI, Patricio Cordero. Este aseguró que el socio de Caval, Mauricio Valero, le pagó a Mora 25 millones de pesos para beneficiar a Saydex –empresa especializada en servicios informáticos en el área de salud y que fuera cliente de Caval en las distintas licitaciones del Ministerio de Salud-.

 

Mora, fundador de la UDI y ex concejal en Peñalolén por ese partido, es un reconocido operador político del equipo de Pablo Longueira. En Dicom, Mora figura con domicilio laboral en Suecia 286, la sede de la UDI. Este personaje fue director del Servicio de Salud Metropolitana, bajo la administración Piñera. Diversos correos lo ligan a Valero y Cordero y dicen relación con pagos exigidos por NM (iniciales de Nibaldo Mora), por proyectos adjudicados presuntamente de manera ilegal. Los correos datan entre el 18 de octubre de 2012 al 6 de diciembre de 2013, siendo ministro Jaime Mañalich.

 

 

Jamás se escuchó un reclamo desde la derecha o de su prensa adicta en casos similares que han tenido a otros connotados personajes de ese sector detrás. Se trata de operaciones de ganancia fácil que se basan en la compra de terrenos agrícolas, para luego provocar el cambio de uso de suelo y así transformarlas en urbanas, generando una pingüe ganancia a sus autores.

 

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) fue uno de los que hizo hincapié de esta situación, publicando en su cuenta de Twitter: En Caval la gran mayoría son UDI, con familia presidencial de la derecha incluida, pero la prensa solo habla Compagnon. Sospechoso o no? (sic)

 

“Hay cientos de ejemplos”, señala Patricio Herman a Cambio21. “Sin ir más lejos, porque es de reciente data, tenemos el caso del fundo Las Cenizas de 2.000 hectáreas localizado en Curauma, V Región de Valparaíso, extenso territorio rural del conocido hombre de negocios Manuel Cruzat, quien se vio favorecido con el nuevo Plan Regulador Intercomunal de esa región porque ahora las mismas son urbanas, es decir, aumentaron sus precios de mercado en unas 6 veces”. 

 

También recuerda un caso en la pasada administración. En “el gobierno de Piñera, con la vital asistencia del entonces intendente Fernando Echeverría, se sacó adelante un cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas rurales que ahora son urbanas en 8 comunas periféricas de la región metropolitana de Santiago. Ello, con el mentiroso argumento de que al interior del límite urbano ya no quedaban terrenos para construir viviendas, materia que ha sido desmentida por el académico Pablo Trivelli, quien es experto en catastro de suelos”.

 

Para el diputado Hugo Gutiérrez (PC) “los medios de comunicación tienen poco reparo en este punto y siguen colocando el acento en Natalia Compagnon quien da mayor referencia sobre el gran contingente de militantes UDI involucrados en el caso Caval”.

 

En conversación con Cambio21, el parlamentario agregó que “es obvio que acá existió un negociado que tuvo cualificado por militantes de la UDI que lograron involucrar por diversas razones, básicamente donde mostrara a la señora Natalia Compagnon un buen negocio que podía hacer producto de las costas de los terrenos de Machalí, lo que hoy por hoy está claro y es para mí evidente que acá hubo una maquinación por parte de militantes UDI para involucrar a la nuera de la Presidenta de la República”.

 

“Cuando empiezan a aparecer los militantes UDI en el caso Caval era el único caso de corrupción que era ajeno a su partido político, pero con este caso ya se cierra una madeja de casos en los que todos se encuentra involucrada la UDI y sus militantes”, puntualizó Gutierrez.