Este lunes fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nain-Retamal, iniciativa fusionada e impulsada por parlamentarios de la actual oposición, que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, al igual que de autoridades marítimas y de aeronáutica civil.

Tras el crimen del suboficial mayor Daniel Palma, el presidente Gabriel Boric promulgó el pasado jueves 6 de abril la medida que tuvo una acelerada tramitación en el Congreso Nacional, junto con otros proyectos que buscan enfrentar la crisis de seguridad: la Ley 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión; la Ley 21.557, que modifica el código penal para agravar la pena del delito de secuestro; y la Ley 21.556, que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.

Esto ocurre ante los asesinatos también de los otros suboficiales mayor Alex Salazar y Rita Olivares, quienes también eran funcionarios de Carabineros que murieron tras un procedimiento.

Detalles de la Ley Nain-Retamal

Da mayor protección y garantías para que las policías, Gendarmería, Fuerzas Armadas, la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor cuando cumplen rol de orden público.

Regula la legítima defensa en el Código Penal, acotando la presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.

La aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado, sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes).

Cuando no se dan de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza, se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad, excepto que haya dolo.

Las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad no procederán a delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

Se restablece la responsabilidad penal del alto mando y se precisa el delito de apremios ilegítimos.