El borrador de la Carta Fundamental retorna a la Comisión Experta para su revisión y los 24 especialistas miembros de este órgano, los consejeros constituyentes y las directivas de los partidos políticos siguen en conversaciones sobre las diversas materias que están en el texto.
En este marco, este viernes se reunió la mesa político-técnica conformada por Amarillos, Demócratas, Chile Vamos y el Partido Republicano, instancia que -según trascendió- acordó modificar la ubicación en el texto del artículo de Estado social y democrático de derecho, algo que fue valorado desde el oficialismo.
La idea es que esta materia quede en el artículo primero tal como estaba en el anteproyecto, y no en el segundo como lo dejó el Consejo.
El senador de Demócratas Matías Walker aseguró que vio "una apertura muy importante de parte de las derechas a relevar el rol del Estado social y democrático de derecho, que garantiza derechos, con provisión pública y privada, un reconocimiento progresivo de los derechos sociales, con responsabilidad fiscal".
"Ojalá (quede) en el artículo primero, en un rol preponderante, después del reconocimiento obviamente del individuo, de sus derechos, junto con el rol de las familias, de los grupos intermedios. Yo creo que eso se está consolidando y habla bien de la apertura de las derechas en estas conversaciones", reforzó.
"Nosotros los expertos tenemos un rol que es relevante siempre y cuando haya un acuerdo político completo para revisarlo todo. Nuestro deber constitucional efectivamente como experto es revisar todo el texto y esas son decisiones técnicas pero también hay decisiones políticas como el cambio, por ejemplo, del Estado Social y Democrático de Derecho. En ese sentido yo celebro la apertura", destacó la comisionada Antonia Rivas (Convergencia Social).
De todas maneras, la experta advirtió que "hoy nosotros no estamos en este texto, no estamos reconocidos en este texto y no somos parte", y por ello, "para ser parte, para que esta sea la Constitución de Chile, de todos los chilenos y chilenas, necesitamos revisar todo".
"Tiene todo el derecho a esa declaración, pero no es real, no tenemos tiempo para poder revisar cada uno de los textos, para partir de cero", le replicó el comisionado Máximo Pavez (UDI), quien sostuvo que "no hay ningún tema vetado, (sin embargo) hay ciertas ideas que no van a concitar acuerdos con la izquierda".
"Hay acuerdos del Consejo que nosotros vamos a respaldar: es muy difícil que podamos consentir un acuerdo desdibuje aspectos esenciales del 4 de septiembre (triunfo del Rechazo en el plebiscito del proceso anterior), del 7 de mayo (elección de consejeros), por ejemplo, la libertad de elección en salud, en materia previsional, los inexpropiabilidad y heredabilidad de los fondos", anticipó.
"Vamos a conversar todo lo que sea necesario, pero veo que es muy difícil acercamos si esa va a ser la condición para un acuerdo", puntualizó el también exsubsecretario de la Presidencia durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.
Previo al trabajo de la Comisión Experta, en las últimas horas también llamó la atención las declaraciones de la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia, quien afirmó que "la unanimidad no es viable" en esta etapa.
Sobre esta postura, la comisionada Katherine Martorell (RN) advirtió que "en democracia siempre se busca la unanimidad. Ahora, somos personas distintas, con legítimos intereses, que podemos tener visiones distintas, y por lo tanto, yo no diría que es inviable, pero también puede ser muy difícil en algunas materias que se logre la unanimidad".
"Lo importante es que sean mayorías contundentes que nos permitan llegar a acuerdos, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo", puntualizó la otrora subsecretaria de Prevención del Delito en Piñera II.
SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN EL PROCESO
Los comisionados se han reunido en las últimas horas en la sede del Congreso Nacional en Santiago para revisar el texto, aunque aún no reciben la versión oficial de lo aprobado por el Consejo, lo que ocurrirá en una ceremonia oficial mañana.
A partir de este sábado los 24 expertos y expertas tienen cinco días para comenzar a trabajar propuestas de modificaciones, las cuales requieren un quórum de tres quintos para ser aprobadas.
Las modificaciones posteriormente tienen que ser ratificadas de vuelta en el Pleno del Consejo.
Si un cambio no logra tres quintos para la aprobación y no es rechazado por dos tercios, se va a una comisión mixta de seis consejeros y de seis expertos que deberá proponer soluciones a la controversia; luego tendrá que ser ratificada nuevamente por el Consejo
Si una modificación no tiene el quórum de tres quintos del Consejo, quedará definitivamente fuera del texto constitucional.
Finalmente, el Consejo Constitucional tiene hasta el 7 de noviembre para despachar y enviar al Presidente la propuesta que será plebiscitada el 17 de diciembre.