El Ministerio del Interior publicó la noche del martes el documento titulado “Compromiso transversal por la seguridad: propuesta para una hoja de ruta“, que recoge el trabajo de la mesa de seguridad del Gobierno con distintas fuerzas políticas, municipios y gobernadores regionales.

El documento de 14 páginas contiene un total de cinco ítems que se centran temáticas como la prevención, las víctimas, el control y la sanción.

En el ámbito institucional, para las Municipalidades se propone la creación de una categoría funcionaria dedicada a las labores de seguridad y fiscalización. Además, de dotar a los Gobiernos Regionales en materia de prevención del delito, protección y apoyo a las víctimas.

También, el texto da cuenta de una propuesta sobre el trabajo conjunto público-privado que contempla el refuerzo de la corresponsabilidad de los actores privados en materia de seguridad, la regulación de motos y servicios de delivery, y la modernización de seguridad en eventos masivos y espectáculos deportivos.

Respecto a las armas, el documento considera un aumento de pena, eliminando el grado inferior, para quienes sean sorprendidos portando armas sin el debido permiso en lugares concurridos, además de la sanción al porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas artesanales o molotov.

En ese sentido, se apunta a mejorar el control y la fiscalización de armas de fuego y municiones, y también a fortalecer los sistemas de trazabilidad de armas utilizando la disponibilidad de recursos tecnológicos.

Otro punto del compromiso, dice que el Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación de la ley antiterrorista que actualmente se encuentra vigente, con el objetivo de tipificar el delito de una manera que permita su persecución efectiva.


Asimismo, se conferirá a Carabineros la función de colaboración en tareas de fiscalización de migración irregular y se dictará en el mes de febrero de 2023 el decreto con fuerza de ley que regulará las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas para el resguardo de áreas en zonas fronterizas. Esto en el marco del proyecto de infraestructura crítica que aprobó el Congreso Nacional.