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Contraloría cuestiona contratos vía trato directo de Presidencia y recomienda sanciones

El órgano fiscalizador, dirigido por Jorge Bermúdez, cuestionó, entre otros, la contratación vía trato directo de cinco proveedores, además de la contratación en paralelo a su productora, de Tatiana Gaviola Artigas, quien está a cargo de desarrollar la memoria presidencial, un documental que pretende resumir los hitos del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Con severos reproches a la modalidad de contratación de proveedores y la aplicación de medidas disciplinarias a cuatro funcionarios gubernamentales, terminó el sumario que realizó la Contraloría General de la República (CGR) a la Dirección Administrativa de la Presidencia, tras más de un año de investigación. 

El órgano fiscalizador, dirigido por Jorge Bermúdez, cuestionó, entre otros, la contratación vía trato directo de cinco proveedores, además de la contratación en paralelo a su productora, de Tatiana Gaviola Artigas, quien está a cargo de desarrollar la memoria presidencial, un documental que pretende resumir los hitos del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

De acuerdo a los resultados del sumario, al cual tuvo acceso Radio Bío Bío vía Ley de Transparencia, Bermúdez propuso al gobierno aplicarle a Cristián Riquelme, el exdirector administrativo de la Presidencia y exmiembro de la denominada G-90, una multa del 50% de su sueldo mensual y la suspensión de un mes de su cargo. Riquelme, sin embargo, dejó su puesto el 23 de febrero de 2016, una semana después que se instruyera dicho sumario y luego de una serie de críticas políticas por su rol en los casos SQM y Caval. Debido a lo anterior, la propuesta de sanción de Bermúdez no puede aplicarse.

Los que sí podrían recibir sanciones son los tres funcionarios de la Dirección Administrativa de la Presidencia que aún se mantienen en funciones en el gobierno. Se trata de Óscar Sandoval, actual director de la repartición; Natalie Vilches, exjefa del departamento de Abastecimiento; y Germán Yovane, jefe del departamento Jurídico.

A Sandoval la Contraloría recomendó, inicialmente, multarlo con 50% de su sueldo mensual y suspenderlo de sus funciones durante 30 días. Pero el funcionario apeló y logró rebajar la propuesta de sanción al 20% de su sueldo mensual. Yovane también apeló y logró bajar la recomendación de sanción al 15% de su sueldo mensual, mientras que la apelación de Vilches fue rechazada y se mantuvo la propuesta de multarla con el 20% de su sueldo mensual.

La Contraloría terminó el sumario el 6 de septiembre pasado, el cual no es vinculante. De hecho, es el gobierno ahora el que debe ponderar la recomendación de Bermúdez para aplicar, o no, dichas sanciones. En el caso de Sandoval, es su jefa directa quien debe decidir si lo sanciona, es decir, la Presidenta Michelle Bachelet. Las eventuales sanciones de Vilches y Yovane, en tanto, están en manos del mismo Sandoval, en su calidad de jefe de dichos funcionarios.

Radio Bío Bío intentó, infructuosamente, obtener una respuesta del gobierno sobre la aplicación, o no, de estas sanciones.