Una denuncia que implica una trama de corrupción, obstrucción a la justicia y presiones laborales al interior del Congreso Nacional a trabajadores y asesores de parlamentarios, quedó al descubierto tras la filtración de la declaración judicial de quien se desempeñó durante siete años como jefa de gabinete del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida Cobo (UDI), quien dejó de ser parlamentario en marzo recién pasado al no ser reelecto en la región de Coquimbo. 

Nuevamente, las “cuotas” en asignaciones parlamentarias toman una arista judicial y están siendo investigadas con una fiscal especial.

Hace menos de tres meses se denunció que la senadora RN Camila Flores, realizaba esa misma acción con sus asesores y trabajadores, que se conocía en el Congreso como la "cuota Flores" y que también está siendo investigado por el ministerio Público. Todo mientras la senadora era diputada por la región de Valparaíso.

La denuncia contra el exdiputado UDI Juan Fuenzalida

Una nueva arista investigativa surgió a partir de la declaración entregada por una exjefa de gabinete del exdiputado por la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida, ante la Fiscalía Oriente, en el marco de la causa por fraude al fisco que involucra al diputado Joaquín Lavín León.

De acuerdo con antecedentes revelados por Mega Investiga, la exasesora declaró ante la fiscal Constanza Encina el pasado 6 de mayo, instancia en la que entregó antecedentes sobre un presunto mecanismo de devolución de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias y el funcionamiento de la plataforma Socialtazk.

Tras esta declaración, el Ministerio Público abrió una nueva línea investigativa para indagar los hechos denunciados, en lo que se ha denominado públicamente como la "cuota Fuenzalida".

Cabe precisar que los antecedentes corresponden a una declaración testimonial y forman parte de una investigación en curso, por lo que no existen hasta ahora responsabilidades penales establecidas judicialmente.

La cuota Fuenzalida

Según relató la exjefa de gabinete ante la Fiscalía, durante 2024 recibió un aumento en su remuneración financiado con recursos de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La exasesora aseguró que posteriormente debía retirar ese dinero en efectivo y entregárselo al entonces parlamentario, ya fuera personalmente durante la semana distrital o mediante depósitos en efectivo a una cuenta bancaria del exdiputado.

De acuerdo con su declaración, los montos bordearían entre los $350 mil y $400 mil mensuales, mecanismo que —según afirmó— se habría extendido durante varios meses y que también habría involucrado a otros integrantes del equipo parlamentario. La exfuncionaria sostuvo además que dejó de realizar esta acción luego de manifestarle al diputado que consideraba que se trataba de una situación incorrecta.

Plataforma Socialtazk y recopilación de datos

Otro de los antecedentes entregados por la exasesora apunta al uso de la plataforma Socialtazk, herramienta que, según indicó, fue presentada inicialmente como un sistema para organizar el trabajo territorial del parlamentario.

Sin embargo, sostuvo que con el tiempo advirtió que la plataforma funcionaba principalmente como un mecanismo para recopilar información personal de ciudadanos, incluyendo nombres, RUT, domicilios y otros antecedentes.

Según su testimonio, el equipo parlamentario recibía instrucciones para obtener la mayor cantidad posible de datos durante actividades en terreno y enviarlos al asesor, Arnaldo Domínguez, quien administraba la plataforma.
La exjefa de gabinete afirmó que recién durante el período electoral de 2024 comprendió que la información recopilada habría sido utilizada para el envío de mensajes masivos con contenido político.

Eliminación de celulares: Boténlos al baño

En la declaración también se incorporó un episodio ocurrido el 29 de octubre de 2024, fecha en que la Fiscalía realizó diligencias en el Congreso en el marco de la investigación contra Joaquín Lavín León.

Según relató la exasesora, recibió un llamado en el que se le habría solicitado eliminar información de su teléfono celular por instrucción del entonces diputado Fuenzalida. Asimismo, afirmó que otros dispositivos habrían sido destruidos ese día, antecedentes que también están siendo revisados por el Ministerio Público.


El medio regional Diario El Día tomó contacto con la exjefa de gabinete que declaró ante la Fiscalía Oriente para conocer su versión respecto de los antecedentes entregados y las razones que la llevaron a prestar testimonio. Consultada por este medio, señaló que por ahora no puede emitir declaraciones sobre el proceso investigativo, aunque precisó que sus dichos fueron entregados en el contexto de la declaración que prestó ante la fiscal Constanza Encina por la investigación relacionada con el diputado Joaquín Lavín León.

"Desmiento acusaciones"

El exdiputado Juan Manuel Fuenzalida emitió una declaración pública en la que abordó los antecedentes conocidos y negó las acusaciones en su contra.

En el documento, el exparlamentario sostuvo que "desconozco las razones por las que mi ex jefa de gabinete pudo haber formulado acusaciones de ese tipo en mi contra, pero las niego categóricamente", agregando que "nunca, durante mis dos períodos como diputado, le solicité a ella ni a ninguno de mis colaboradores realizar pagos irregulares". Además, indicó que se reservará las acciones legales correspondientes.

Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a una eventual destrucción de evidencia durante el allanamiento realizado en el Congreso en el marco de la investigación relacionada con Joaquín Lavín León, afirmando que "desmiento acusaciones tan burdas como que habría ordenado arrojar teléfonos celulares al baño durante el allanamiento al Congreso".