El diputado Diego Ibáñez (CS) impulsa un proyecto con el que busca aumentar hasta en diez años el plazo para permanecer inhabilitado para pasar de un cargo fiscalizador en la administración del Estado a una empresa -fiscalizada por ese órgano- pública o privada.

A su vez la iniciativa incorpora la inhabilidad -hasta por el mismo período de años- para quienes hayan trabajado en una empresa privada o pública y deseen desempeñarse en una institución fiscalizadora estatal. El plazo, en ambos casos, dependerá del cargo que se haya ejercido.

La moción se da en medio de la crisis por el corte de agua en Osorno, luego de que se conociera que el superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, trabajó hasta el 2011 en Aguas Andinas (empresa filial de Essal) y luego, y hasta antes de asumir en el órgano fiscalizador, permaneció en Codelco. "El sector sanitario es muy pequeño", argumentó la autoridad.

"Si esta ley hoy fuese realidad Jorge Rivas no podría ser superintendente", comentó a Emol el diputado Ibáñez, quien recalcó que el objetivo de su iniciativa es avanzar en "probidad y transparencia" junto con evitar posibles "conflictos de interés".

El proyecto que será presentado este jueves en el Congreso cuenta con apoyo transversal y será ingresado también con la firma de los diputados de Renovación Nacional Andrés Longton y Harry Jürgensen y su par de la UDI Juan Fuenzalida.

Además lo respaldan Matías Walker (DC) y los socialistas Fidel Espinoza y Emilia Nuyado. Del Frente Amplio se sumaron Gael Yeomans y Gabriel Boric y Gonzalo Winter, todos de Convergencia Social, al igual que Ibáñez.

"No hay una regulación de quien deja de trabajar en el mundo privado para ir a ejercer una función pública. Entonces este proyecto que presentamos tiene precisamente como objetivo regular esta situación y se trata de una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Además crea una nueva inhabilidad que hoy no existe", explicó el parlamentario de Convergencia Social.

Según señaló "quienes tengan vínculos laborales comerciales o hayan prestado un servicio en una empresa que sea pública o privada, no va a poder ejercer cargos directivos en instituciones públicas fiscalizadoras que están precisamente fiscalizando a esta empresa pública o privada".

Es así que el proyecto -al que accedió este medio- señala que quienes hayan ejercido un cargo directivo en empresas no podrán trabajar, por ejemplo en la superintendencia, después de haber pasado diez años. Y en el caso de desempeñarse en otra área (no directiva) no podrá hacerlo durante cinco años.

Por otro lado el diputado Ibáñez precisó que "hay una incompatibilidad que ya existe en la Ley que es de quien sale desde la función pública hacia el sector privado, que fija un plazo de seis meses. Ese lapsus de seis meses lo subimos a cinco años si es que uno va a ser un trabajador normal a una empresa privada o pública y a diez años si es que vas a ir a ser directivo de una empresa privada o pública que antes regulaba en su función pública".

"El haber sido superintendente se entiende que maneja información privilegiada, tiene conocimiento de redes funcionarias y creemos que este nuevo plazo permite hacer una distancia de proteger el interés privado de su empresa con la labor funcionaria en el Estado", subrayó el parlamentario del FA.