Los diputados de la Bancada UDI, Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, acusaron al Gobierno, en particular al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), en la foto, de pretender «amarrar» tres cargos de jefatura en dicha repartición antes de que asuma la nueva administración de gobierno.

Al respecto, los parlamentarios iniciaron en los últimos días una ofensiva para detectar las posibles contrataciones a última hora que podría estar planeando el Ejecutivo, a propósito de la polémica norma sobre la «confianza legítima» que los ministerios de Economía y Trabajo decidieron incorporar en el protocolo sobre el reajuste al sector público, que de ser aprobada establecerá una suerte de «inamovilidad» en miles de funcionarios a contrata, afectando los planes de la nueva administración.

En ese sentido, uno de los primeros antecedentes que encontraron los diputados Alessandri y Bobadilla fueron tres concursos que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas abrió en el último tiempo (uno a principios de noviembre y los otros dos a mediados de este mes), para desempeñarse como jefes de los departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones y de Estudios y Análisis.

Lo llamativo -advirtieron los parlamentarios UDI-, es que además de que los tres cargos son por una remuneración de $4.275.689, la designación del ganador será entre el 17 y el 23 de febrero de 2026 (en el caso de los últimos dos concursos), es decir, dos semanas antes de asumir el futuro gobierno.

Pero además, otro antecedente que levantó las sospechas entre los diputados Alessandri y Bobadilla, fue que para postular se exigía -como requisito- ser funcionario de planta o a contrata, lo que a juicio de ellos «confirma la intención de acomodar a personas ya vinculadas con la actual administración».

«Sabemos que el Gobierno va a decir que estos concursos están vinculados a la carrera funcionaria y por eso uno de los requisitos es estar ya trabajando en la administración del Estado, pero es más que evidente que este argumento se utiliza para legitimar un nombramiento que probablemente ya esté definido. El verdadero objetivo de las autoridades es acomodar y blindar a las personas afines a ellos antes del cambio de mando. De lo contrario, no se explicaría que a última hora estén levantando estos procesos y que, además, en el reajuste al sector público quieran impedir por ley las desvinculaciones, transgrediendo lo que ha establecido la propia Contraloría y la Corte Suprema», cuestionaron los UDI.

Por lo mismo, Alessandri y Bobadilla enviaron durante esta mañana una serie de oficios al Gobierno, tanto al Ministerio de Defensa como a otras reparticiones, considerando que en la revisión de los antecedentes que hicieron encontraron otros concursos públicos que también se cerrarán en febrero.

«Aquí hay una maniobra burda y deliberada del Ejecutivo, cuyo único objetivo es capturar el Estado para ellos, amarrando cargos estratégicos y blindando a operadores afines a su administración. Y todo esto ocurre, al parecer, con la anuencia del Presidente Gabriel Boric, quien llegó al poder con la consigna de ‘no más pitutos’, pero que no sólo fue incapaz de cumplirla, sino que además terminó convirtiendo al Estado en una verdadera agencia de empleo», reiteraron los legisladores gremialistas.