Foto: Piñera en lago Caburgua

El jefe de la bancada de diputados DC, Gabriel Ascensio, dijo que el "Presidente Piñera debe dar respuesta por el perjuicio al Estado de Chile al tener esta gran propiedad pagando un valor por contribuciones infinitamente inferiores a las que correspondían por 30 años, Esto es una sinvergüenzura. Merecemos una explicación", ramató el parlamentario por Chiloé.

"Cómo va a ser que Piñera no se haya dado cuenta. Es imposible. Estuvo tranquilo, se manifestó complacido porque pagaba 500 pesos de contribuciones cuando el resto de los chilenos, los abuelitos que reciben sus pensiones mínimas, tienen que pagar mucho más por pequeñas propiedades", fustigó Ascencio a Cambio21.

El parlamentario dijo en tono crititico que "la Dirección de Obras de Pucón tiene mucha responsabilidad, ya que ellos son los que tienen la obligación de ver este tipo de obligaciones de los contribuyentes, pero también del propio Presidente de la República".

El alcalde de Pucón es Carlos Barra de Renovación Nacional, el mismo partido del mandatario.

Y Ascencio agregó que "cualquier chileno o chilena que tiene una pequeña propiedad, un departamento por ejemplo de 50 metros cuadrados paga en contribuciones 120 mil pesos al año. Piñera con un patrimonio cercano a los 2.600 millones de dólares pagaba por su gran propiedad en el sur !dos mil pesos pesos al año¡" dijo a Cambio21 el diputado Gabriel Ascencio.

Por su parte, la diputada del PC Karol Cariola reiteró los dichos de Ascencio sobre el no pago de contribuciones "reales" de Piñera por su terreno de 20 hectáreas en el lago Caburgua, cerca de Pucón:  "Tener una casa de veraneo en Caburgua, declarada por un avalúo de 12 millones pagando 500 pesos en contribuciones por ella, cuando en realidad está avaluada en 400 millones y por tanto se han evadido las contribuciones por años. Es una sinvergüenzura" dijo Cariola.

Piden investigar al alcalde

En el marco de la controversia por la propiedad del Presidente Sebastián Piñera en el Lago Carburgua, la fundación Defendamos la Ciudad pidió a la Contraloría General de la República que imponga "sanciones ejemplificadoras" contra el alcalde de Pucón, Carlos Barra (RN).

Mediante un oficio ingresado en el organismo fiscalizador, Patricio Herman, presidente de la fundación, denunció que la Municipalidad de Pucón incumplió sus atribuciones bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Para ello cita el artículo 145 de la norma que establece que "ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total", y que ante alguna infracción a lo dispuesto, otorga al alcalde -a petición de la Dirección de Obras Municipales- la facultad de decretar "la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes".

El terreno de 20 hectáreas de propiedad del jefe de Estado posee poco más de 900 metros cuadrados construidos, edificaciones que no cuentan con sus respectivos certificados de recepción de obras municipal -trámite de responsabilidad del propietario-, por lo que no ha cancelado las contribuciones que debería durante cerca de tres décadas.

En el documento ingresado ante la Contraloría, Herman detalla que "con fechas 05/03/19 y 08/03/19, le solicitamos al Servicio de Impuestos Internos (SII) que nos señalara el avalúo fiscal de ese inmueble (...) con respuesta donde se dice que al primer semestre del año en curso, el avalúo fiscal es de $12.226.485, configurándose así el hecho de que su propietario nunca ha recibido el cobro de las contribuciones de bienes raíces".

Bajo este contexto, "debido a que el alcalde de Pucón nunca decretó el desalojo de la vivienda por carecer de recepción final de obras, solicitamos su esclarecedor dictamen, fijando sanciones ejemplificadoras en contra del anterior y de la DOM (Dirección de Obras Municipales), por esta desobediencia inexcusable a la LGUC".

Cabe precisar que este viernes se conoció que el SII reavaluó la propiedad del Mandatario, fijando su valorización actualizada en más de 396 millones de pesos, de los cuales 362 millones fueron catalogados como afectos a impuestos.