La conmoción que ha causado en el país el asesinato de la pequeña Sophia, la menor de un año y once meses que falleció el 25 de enero pasado en la Región de Los Lagos, tuvo como consecuencia que algunas agrupaciones locales pidieran que se restituya la pena de muerte.

 

La mediatización del caso, la violencia de las manifestaciones ciudadanas tuvieron eco en un grupo de parlamentarios UDI, los que mediante una carta anunciaron que le pedirán a Sebastián Piñera que plebiscite la opción de reestablecer la pena de muerte en el país, cuando asuma la presidencia el próximo 11 de marzo.

 

La misiva aparece firmada por los parlamentarios en ejercicio Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez-Salamanca y el recién electo Sergio Bobadilla.

 

El texto, citado por El Mercurio, expone que la eventual reposición de la pena capital será "de manera restringida a los delitos de extrema gravedad y cometidos con una crueldad insana".

 

Según los representantes, el crimen de la menor dejó expuesto "que hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos. La pena de muerte y su reposición es un concepto que debe ser discutido por los chilenos".

 

 

"Un plebiscito no vinculante y restringido a los delitos más extremos, crueles y sangrientos contra menores de nuestro país mostrarían una voluntad y una señal clara de indignación y una decisión política y jurídica en contra de ellos. Si en Chile se puede o no reponer la pena de muerte es una decisión que es controvertida y los que niegan su reposición son básicamente abogados y ONG liderados por la izquierda chilena", cierra la carta.

 

 

Consultado el abogado Nelson Caucoto sobre si la pena de muerte es la real solución a los problemas de nuestro país, comentó que “no es solución de nada y solamente es un vestigio de la barbarie del pasado. Al final del día significaría un retroceso enorme para Chile y para la civilización”, aseguró.

 

Sobre el interés de algunos parlamentarios de la UDI de poner el tema a discusión ciudadana, Caucoto consideró que “esta medida se funda desde aquellos que conviven más de cerca con la represión, pues estamos hablando de un acto netamente represivo. Quitar la vida de una persona resulta ser abiertamente contradictorio incluso con lo que ellos proponen como agenda valórica”, comentó.

 

Cuestionado el partido por los dichos de algunos de sus parlamentarios, Pablo Terrazas, secretario general de la UDI, tuvo que aclarar la postura del conglomerado frente a la pena de muerte.

 

“Chile Vamos ha fijado su posición de no querer volver a esa sanción. Por eso no se contempla en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera”, indicó.

 

Respecto a los principios del partido y la posible contradicción de parte de estos diputados que se han mostrado enfáticamente contrarios a la ley de aborto, Terrazas dijo que “en la UDI compartimos un mínimo de valores y uno de eso es la protección de la vida de los inocentes y por eso tratamos de hacer políticas públicas que promueven la vida de inocentes. Este caso es distinto porque estamos hablando de personas que cometieron delitos graves”, sostuvo.

 

 

Sin embargo, el senador UDI Iván Moreira fue enfático al indicar que coincide con los argumentos que expuso en su momento el exsenador Jaime Guzmán.

 

Moreira compartió en redes sociales un video donde se puede ver al fallecido fundador de la UDI señalando que la pena de muerte “puede ser un instrumento de rehabilitación, muy profunda, del alma humana”.

 

Como respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), respondió al planteamiento de Moreira y señaló que “en dictadura ustedes instauraron la pena muerte sin juicios, sin legítimas defensas, abusaron de un poder total para exterminar a los que pensaban distinto, incluso degollándolos o lanzándolos al mar”, escribió en redes sociales.

 

Y agregó: “Nunca por tan alevosos crímenes los escuché pedir terminar la vida de esos criminales”, acusó.

 

Para el diputado DC Sergio Ojeda en nuestra historia “mientras estuvo vigente la pena de muerte en Chile se cometieron los crímenes más atroces”.

El además presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que este tema debe ser debatido por la gran totalidad de los chilenos, pero indicó que la prisión perpetua calificada de 40 años sin beneficios es apta para ser un castigo ejemplar en contra de las personas que cometan delitos de una gran gravedad.

 

En tanto la directora ejecutiva de la organización Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, fue enfática en asegurar que este tipo de castigos "desde la perspectiva de derechos humanos, sería, sin duda, un retroceso. Enfrentar la violencia imponiendo más violencia no soluciona, en ningún caso, el problema".

 

"Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos. Para Amnistía la pena de muerte es, en sí misma, una violación a los derechos humanos. Es, obviamente, una violación al derecho a la vida y quizás, el trato o pena cruel, inhumano y degradante más extremo posible", añadió.

 

Por último, el jefe de la unidad jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, reflexionó sobre los compromisos humanitarios a los que el país está adscrito.

 

"La Convención Americana de Derechos Humanos (tratado vigente en Chile) no permite eso, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el año 1983 que los países que han suscrito la convención no pueden establecer la pena de muerte para nuevos delitos".

 

Por lo tanto, sentenció, "eso (la pena capital) no es posible, a menos que el Estado de Chile decida retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si tomara una decisión de ese tipo, claramente, se pondría por fuera del derecho internacional de los derechos humanos".

 

Así, Bustos acusó "desconocimiento" jurídico por parte de los diputados UDI que propusieron el plebiscito. Asimismo, aclaró que como INDH "creemos que la pena de muerte es una violación de derechos humanos. Es un trato inhumano y degradante, es, generalmente, discriminatoria y en ningún caso, disuasiva", concluyó.