Para este 2021 nuevamente el Gobierno parece equivocarse en mirar los datos de la realidad. Es sorprendente el optimismo del Ministro de Hacienda en el tema de la recuperación económica cuando se observa que la variable sanitaria no está controlada por posible segunda ola de contagios, con comunas que salen y entran en cuarentena aún en enero y con un entorno internacional -en Europa y Estados Unidos especialmente que aún no controla la pandemia-  incierto.

 

Por su parte la ciudadanía y los expertos son realistas porque miran las variables de actividad y empleo y ven que la recuperación no es tan rápida como quiere hacer creer el gobierno. En las próximas semanas conoceremos los datos del año 2020 que anticipan una caída del PIB de -6% y que las proyecciones para el 2021 se sitúan realistamente en torno a un 4% -producto de la baja tasa de comparación-.

 

Hay aún 1.128.000 empleos perdidos si se compara con el trimestre septiembre/octubre  y noviembre o sea hay más de 1,1 millones de chilenos que perdieron su empleo y que aún no se reenganchan en el mercado del trabajo. En los últimos tres meses se han recuperado cerca de 800.000 empleos, pero de ellos el 75% son empleos informales sin contrato de trabajo, por menos horas y menos ingresos.

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en doce meses, la disminución de los ocupados (-12,5%) se explica por caídas de las tasas de ocupación en el comercio (-11,3%), alojamiento y servicio de comidas (-41,5%) y construcción (-23,0%); o sea turismo y gastronomía son los sectores económicos más afectados y aún ahí no hay apoyos fiscales. Se insiste con FOGAPE 2 en ampliar plazos y créditos para los que están bancarizados –incluso el gobierno propuso una tasa flexible, que eliminaba la tasa fija de 3,5%, que fue rechazado por la Sala de la Cámara de Diputados-, pero sólo fueron 265.000 empresas las que pudieron acceder al FOGAPE 1 y según el Servicio de Impuestos Internos hay más de 1.100.000 empresas en el país; o sea hay un número importante  de empresas que no accedieron al FOGAPE para la crisis del 2020 y no han recibido apoyo fiscal para sobrevivir.

 

También es preocupante la baja ejecución de la inversión pública que muestran los ministerios inversores a noviembre 2020, sólo han ejecutado 69% de los US$ 10.700 millones asignados en presupuesto 2020. Esta cifra sube en 12% para el 2021 producto de la política anti-cíclica pactada para el Presupuesto 2021, pero existe la fuerte preocupación en las filas opositoras que el Gobierno no sea capaz de ejecutar estos necesarios planes de inversión pública producto de la incapacidad mostrada especialmente por Ministerio de Obras Públicas y algunos Gobiernos Regionales como Coquimbo, Atacama, Arica este 2020.

 

Cuando la inversión privada es incierta, se postergan el inicio de los proyectos de inversión para la fase post pandemia, es clave que la inversión pública se acelere, se ejecute con prontitud considerando que genera un circuito virtuoso en la cadena productiva con el sector privado y con las PYMES, por tanto, las demoras mostradas este 2020 generan una nueva señal de mala gestión piñerista en los ministerios inversores.

 

Es urgente implementar el impulso fiscal anti cíclico y asumir que producto de las incertezas el 2021 es importante pensar que se requerirá mayor expansión fiscal especialmente en estos meses iniciales ayudando a las familias más vulnerables y de ingresos medios que siguen en cuarentena y que no pueden acceder al mercado del trabajo.

 

El Gobierno no debiera seguir “llegando tarde” con sus ayudas sociales a ese 1,1 millón de chilenos/as que no han recuperado su empleo y a los que están con trabajos informales y precarios. También debiera en este mes de enero implementar el programa de apoyo a las PYMES con los $96.000 millones aprobados en el Tesoro Público que según la ley estableció que esos recursos “serán orientados preferentemente al apoyo para la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector turismo, hotelería, gastronomía, eventos”.

 

Otro año de mala gestión de la crisis, de retrasos en las ayudas a pequeñas empresas y a las familias vulnerables y de clase media –con los multimillonarios chilenos aumentando sus ganancias- es un panorama que sólo ahondará la criticada desigualdad en la sociedad chilena, que esta crisis aumentó.