La propagación del virus se ha incrementado, superando los últimos 2 días los 8.000 casos, claramente las cuarentenas y las restricciones a la movilidad que ha definido el MINSAL han fracasado, probablemente las próximas semanas estamos ad portas de nuevas restricciones pero eso requiere apoyos efectivos a las familias y a las pequeñas empresas que son las que más han sufrido con la pandemia.

Desempleo, menores ingresos , estrés es lo que rodea a las familias y en el caso de las pequeñas empresas es la falta de actividad económica, riesgo de quiebra lo que grafica una situación de abandono en que viven las PYMES del país.

Lamentablemente el Gobierno en estos 15 meses ha sido incapaz de dar ayudas fiscales dignas. Recordemos que en abril 2020 se felicitaban por haber aprobado un bono de $65.000 a pesar del reclamo opositor de construir una Renta familiar de emergencia; esta petición fue reiterada ahora por el Senado señalando la necesidad de dar una Renta Familiar que asegure sobrevivencia digna con un monto superior a la línea de la pobreza y después de este largo debate recién gobierno accede a dar apoyos en el mismo monto de la línea de la pobreza, pero con la ambigüedad de su duración, ya que en proyecto de ley ingresado en artículo 1º su numeral 3 lo reduce al mes de junio. O sea accede pero regateando y sería definido mes a mes, cuando en realidad lo que el país necesita es pasar el invierno con ayudas dignas hasta septiembre.

Esta falta de claridad en las ayudas y la mezquindad de Piñera agudizan el incumplimiento de las cuarentenas, explican la alta movilidad en las grandes ciudades y el rebrote de una nueva ola de contagiados.

Más dramática es la situación de las pequeñas empresas, en especial del turismo, la cultura, los servicios que no han tenido actividad económica estos 15 meses. Para sobrevivir los emprendedores se han “comido” sus ahorros personales y han accedido a retiros del 10% de sus ahorros previsionales; o sean son pequeñas empresas abnadonadas.

Y esta semana el Gobierno anunció un paquete de medidas de apoyo a las PYMES llenos de “letra chica”. Con bombos y platillos anuncia un bono para dar liquidez con un componente fijo y variable, pero coloca restricciones que excluyen a miles de pequeñas empresas como establecer que deben acreditar a lo menos 2 meses de ventas en 2021, con lo cual margina a miles de emprendedores del turismo, la cultura, parte de la gastronomía, de los servicios que una porción importante no han podido desarrollar actividad en estos meses de pandemia. También excluye a las empresas individuales sin trabajadores dependientes que según SII a octubre del 2020 eran 491.000 unidades productivas.

El gasto fiscal de las medidas gubernamentales (bonos, subsidio pago de cotizaciones previsionales para trabajadores de pequeñas empresas acogidas a ley de protección del empleo, alivios tributarios menores) de ayuda a las PYMES alcanza a US$ 1.556 millones, muy distante de la petición opositora de US$ 3.000 millones para financiar un Fondo de Subsidios directos no reembolsables con especial foco en las pequeñas industrias afectadas por la nula actividad económica en sectores donde predomina la interacción social.

Resulta incomprensible políticamente que la propuesta del gobierno para apoyar a las PYMES tenga como eje excluir a las empresas por no tener ventas en 2021, cuando las PYMES que necesitan apoyo son las que están afectadas y no han facturado, más inaudito es excluir a las empresas individuales/familiares.

Las pequeñas empresas debieran ser proveedores principales en el sistema de compras públicas y revertir la tendencia ocurrida durante este gobierno de que el 60% de los recursos se han ido a las grandes empresas.

Ante una crisis sanitaria que rebrota con miles de contagiados diarios se requiere apoyar a las familias y a las pequeñas empresas y lo que corresponde es que la Oposición presione a un gobierno que actua lentamente y que claramente en relación a las PYMES está actuando con criterios de exclusión y mucha “letra chica”.