Los resultados de la encuesta CASEN y la propuesta de “modernización tributaria” del gobierno reabren el debate de ideas, político y técnico, acerca de si el crecimiento económico y el bienestar social son dos “gemelos” que avanzan hermanados en la realidad de nuestro país.

 

Ya existe suficiente experiencia para advertir que el dogma neoliberal que absolutiza el crecimiento económico es eso, un dogma, y que no puede ni debe entenderse como “el” factor que genera y reparte bienestar social, por el contrario, se ha comprobado que sí crece, pero en su “lógica espontánea” provoca desigualdad y frustración social.

 

Del punto de vista práctico está confirmado que las fuerzas ciegas e irracionales de la competencia económica no son las que orientan y pueden guiar con fines humanistas y condiciones de sustentabilidad la brega por mayor justicia social y el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de las personas.

 

Cuando el dogma neoliberal se refiere “al mercado” como una fuerza sobrenatural, con autonomía y racionalidad, incurre en una afirmación falaz y temeraria, ya que su acción es ciega, sin control ni capacidad de medir su impacto en un país o región. En las dictaduras neoliberales, como “el mercado” no puede medir el costo social que provoca, entonces el terrorismo de Estado pasa a ser el instrumento que aplasta el descontento y a las fuerzas políticas que lo representan.

 

Solo un actor consciente, el propio gobierno de la comunidad humana, cuya existencia en sí misma tiene como propósito alcanzar una meta civilizadora, será capaz de responder por el interés general. Por eso, que el valor de la democracia resulta esencial para los que aspiran a objetivos tan fundamentales como la justicia, la solidaridad y crecientes grados de igualdad e integración social.

 

La acción productiva del mercado coadyuva a los fines sociales, ya que no se puede distribuir lo que no existe, pero el bien común que debe presidir la tarea del Estado corresponde al ejercicio de la gobernabilidad democrática, que asigna una responsabilidad esencial a la acción política, más aún, es una misión de la política, por eso, es crucial tener una buena política.

 

El desequilibrio en el acceso a bienes y servicios y en la calidad de vida, pobreza permanente para muchos y riqueza ilimitada para pocos, genera una brecha tan ancha que la distancia entre los diferentes grupos y sectores sociales incuba un malestar social que induce que la sociedad se fracture y se fomenten los conocidos fenómenos de marginalidad e indigencia y sus secuelas de violencia urbana, bandas delincuenciales, narcotráfico, insatisfacción ciudadana y descrédito de la política.

 

El Estado debe cuidar la cohesión social, pero la modernización tributaria de Piñera aumenta la brecha, al reducir en casi 900 millones de dólares el cobro, según el propio proyecto, a las mega corporaciones económicas y “compensarlos” en las cuentas fiscales aumentando el gravamen de las actividades productivas o de servicios que realizan especializados sectores de profesionales en pequeñas y medianas empresas. O sea, los ricos pagan menos y la clase media paga más.

 

La desigualdad ahoga el país y no se puede aceptar que aumente. Por eso, el gobierno tiene el deber de proceder a la exposición pormenorizada de las cifras y de los efectos de las medidas que patrocina, no puede actuar -simplemente - recurriendo a la presión mediática para imponer sus designios. Los parlamentarios también recibieron el voto ciudadano y su responsabilidad política y constitucional no puede ser ignorada o suprimida, vivimos en democracia, afortunadamente.

 

Se ha comprobado que el elevado grado de concentración de los recursos financieros crea una espiral que aumenta su expansión de modo incontrolable, debido a que los detentores de tales niveles de riqueza se proponen aún mayores volúmenes de crecimiento de sus corporaciones, y queda fuera de cálculo el mejoramiento de la sociedad y de sus trabajadores. 

 

Para que esto ocurra son indispensables el rol de los sindicatos y las políticas públicas del Estado, en particular, un sistema tributario que permita recaudar y redistribuir. En este sentido, el empresariado chileno se muestra insensible; en declaraciones del domingo 26, el Presidente de la Sofofa, sin tomar nota de la aguda desigualdad imperante, sigue presionando por “un camino descendente para la tributación”, esa ruta es irresponsable con la comunidad nacional y patrocina en los hechos un quiebre social. 

 

En Chile está a la vista, los grandes grupos salieron por América Latina e incluso más allá de la misma a instalar cadenas de supermercados y servicentros, a invertir en nuevos bancos, mega - empresas navieras; en fin, mientras crecía la desigualdad los controladores de los mercados salían al exterior y sus negocios rentaban apretando aún más las condiciones laborales.

El país se ha esforzado tras la meta del crecimiento, pero no ha recibido el “retorno” que la población esperaba.

 

No cabe duda que la pobreza ha disminuido, que la pauperización que se vive en otras naciones no es la situación chilena; sin embargo, hay prestaciones sociales básicas que son frágiles, en especial, las pensiones y la salud, además de los atrasos que aún existen en la Educación pública y las carencias que persisten en Vivienda, así como, en muchas poblaciones flaquea seriamente la seguridad ciudadana.

 

Asimismo, hay alarmantes desequilibrios en el ámbito del desarrollo regional. Santiago registra respecto del conjunto del país una desproporción en la centralización de los recursos financieros de tal envergadura que produce, simplemente, un desarrollo deformado.

 

Al lado de esa acumulación de riqueza, aberrantes desigualdades marcan el diario vivir de la ciudad capital y hacen de su convivencia una brega por la subsistencia que es agobiante para millones de personas.

 

Hay que decir además, con toda franqueza y de manera directa, que los avances sociales producidos no hubieren ocurrido si no es por el retorno de la democracia. El matrimonio entre empresarios y dictadura no fue ni casual ni esporádico. Fue una funesta colusión para negar y ahogar reclamos básicos y derechos fundamentales en las condiciones de vida de los trabajadores.

 

El “mercado” tiende a la opresión y la injusticia y para frenarlo hay que asegurar gobernabilidad democrática. No cabe duda que tener libertad es lo primero, es la libre decisión de las personas y la democracia en las naciones lo que genera las bases de una vida digna y próspera, no como un reflejo espontáneo, sino que es una ruta a transitar con el esfuerzo y la existencia de mayorías sociales y políticas que lo hagan posible.

 

Por eso, que la pobreza en otros países no se use como justificación, que el mal de muchos no sea consuelo de las miserias que persisten, hay que mejorar con urgencia niveles esenciales en la calidad de vida de la población, en particular, de los más vulnerables que pasan endeudados, a los que no llega “el chorreo” y sí la amargura de las privaciones del diario vivir.