Para la mañana de este miércoles, está programada la sesión donde la Cámara de Diputadas y Diputados votará la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El libelo llegará a Sala con un informe negativo por parte de la comisión revisora, luego de que tres de los cinco parlamentarios integrantes de la instancia optaron por no acoger la denuncia política que presentaron en junio los diputados Francesca Muñoz, Christian Matheson, Marco Antonio Sulantay, Henry Leal, Sara Concha, Eduardo Durán, Diego Schalper, Stephan Schubert, Víctor Pino y Karen Medina.

De este modo, el grupo legislador recomienda rechazar la procedencia de la acusación.

Francisco Cox, abogado del ministro Ávila ante el libelo, dijo en CNN que hará uso de la cuestión previa ante la Sala.

“Uno siempre puede estar evaluando todo, pero siendo las 9:00 de la noche, sí voy a hacer ruso de la cuestión previa. Me parece que no tiene sustento la acusación constitucional porque no se cumplen los requisitos, entonces, hay elementos suficientes para presentar la cuestión previa y que sea acogida por las y los diputados de la Cámara, siempre que sometan su actuación a la Constitución”, expresó.

Desde el Gobierno acusan que el libelo está “inspirado en la homofobia y la discriminación” en contra del ministro Ávila por su condición sexual.

En concreto, los diputados aprobarán o rechazarán la acusación. En caso de ser aprobada, esta continuará su trámite parlamentario en el Senado.

Argumentos de la acusación constitucional
Esto son los siete capítulos que presentó la oposición para acusar constitucionalmente al ministro Marco Antonio Ávila:

Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”.

Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.

Infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva” del Ministerio de Educación.

Infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo: Ausentismo y deserción escolar; infraestructura educativa, donde solo ha habido un fallido proceso de licitación, afirman; y Calidad educativa, asegurando que no hay política para mejorar las escuelas con rendimiento eficiente.

Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público.

Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.

Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública, con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación.