La acusación constitucional que presentará este lunes la oposición contra Marco Antonio Ávila contiene siete capítulos de infracciones, la mayor cantidad que ha enfrentando alguna vez un ministro de Educación.

El libelo surgió a fines del mes pasado como una bandera de parlamentarios evangélicos -diputados Sara Concha y Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano), Karen Medina (Partido de la Gente) y Eduardo Durán (RN)- que le cuestionaban al titular los planes de educación sexual, pero el texto final fue el resultado de una negociación entre varias bancadas opositoras, que obligó a incluir puntos críticos que cada grupo le reprochaba a la gestión de Ávila, de acuerdo con La Tercera.

Una minuta que circuló ayer domingo en el sector sostiene que la acusación apunta a la "inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (...) asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal".

"Es preciso insistir en que lo que fundamenta la acusación constitucional es la gestión educativa del ministro. Nada tiene que ver esta herramienta con su orientación sexual", afirma.

Las dos primeras causales aluden a los programas de educación sexual que impulsa el Mineduc: el capítulo I señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las "Jornadas de Educación No Sexista"; y el II acusa una infracción del derecho preferente a propósito de las guías "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile", que fueron actualizadas en mayo pasadosuprimiendo los aspectos más polémicos, como los ejercicios para menores de edad.

No se incluirá, sin embargo, el caso de los abusos sexuales denunciados en una escuela en Talcahuano, Región del Biobío, dado que ocurrieron en el marco de un operativo de salud que era responsabilidad de la municipalidad y las autoridades sanitarias locales.

La causal III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la "Política de Educación Inclusiva"; y la IV, al rol de autoridad y conducción del sector educativo, reprochando asuntos como el retraso injustificado en la entrega de los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.

El capítulo V apunta a un incumplimiento del rol de supervigilancia sobre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con ocasión del inserto de información sobre "educación no sexista" contenido en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público; y el VI, una infracción similar relativa a irregularidades detectadas en los programas "de Alimentación Escolar" y "de Alimentación Parvularia" de esa institución.

Durante la noche fue incorporado la causal VII, que señala problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación, que el texto tacha como un "incumplimiento de la ley".