El vicepresidente de la República y ministro del Interior Claudio Alvarado se reunió en La Moneda con el fiscal nacional Ángel Valencia y un grupo de fiscales regionales para abordar el Presupuesto 2027.

El Ministerio Público ha expresado su preocupación en torno a las glosas presupuestarias relacionadas con el trabajo de la Fiscalía en distintas materias, particularmente respecto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Fiscalía Supraterritorial.

En su arribo al palacio, Valencia señaló que el proyecto de ley está en proceso de discusión y que “no se nos otorgaron todos los recursos que solicitamos para seguridad fiscal”.

“Es un asunto que tenía una aspiración de que se asignara un volumen más importante de aquello y, por supuesto, la seguridad de los fiscales, de los funcionarios que trabajan en nuestra institución y de las personas que concurren a nuestras oficinas es uno de los temas de mayor prioridad”, aseveró.

El jefe del Ministerio Público afirmó que “el cuánto gastamos depende del Ejecutivo, pero el cómo gastamos esos fondos las instituciones que somos constitucionalmente autónomas es nuestra atribución. ¿Por qué se pone en riesgo la institucionalidad? Porque de otra manera estamos expuestos al riesgo de que a un órgano constitucionalmente autónomo se le intente pautear por la vía de la autorización o restricción de gasto”.

Al Ministerio Público le preocupa la autonomía con la cual pueden ejercer sus funciones dos unidades que fueron creadas recientemente.

Se trata del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Fiscalía Supraterritorial.

En el caso de esta última, que comenzó a operar en abril de este año, su labor es el combate al crimen organizado transregional, apuntando a bandas criminales que operan en más de una región.

El asunto radica en que, al presentar el Presupuesto 2027, el Ejecutivo dejó una glosa aparte del Ministerio Público para la Fiscalía Supraterritorial, lo que podría limitar la transferencia de fondos que se puedan hacer desde otras reparticiones del Ministerio Público a la Fiscalía Supraterritorial y viceversa.

Esto podría comprometer la autonomía del Ministerio Público, ya que los traspasos de dinero tendrían que ser autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Si bien no hay oposición sobre responder cómo se gastan los dineros, sí hay preocupación por información que eventualmente pueda comprometer su independencia.

En cuanto a ECOH, el Presupuesto 2027 incluyó normas de visación e información para los equipos, para la ejecución presupuestaria y para actividades que se quieran desarrollar.

En ese sentido, también hay inquietud respecto al rol que asumiría la Dipres.

“Intervenir no solo a nombre propio de nuestra institución, sino que también por encargo de la Contraloría General de la República y del Servicio Electoral para transmitir una preocupación por un asunto que ya es propiamente un asunto de Estado y que se aborda también en la Ley de Presupuestos y que tiene que ver con un conjunto de glosas o menciones que se incorporan dentro de la ley de presupuestos que, en nuestro parecer, derechamente no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional en lo que se refiere a la manera como debe relacionarse el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos en particular con el Ministerio Público, el Servicio Electoral y la Contraloría General de la República”, advirtió el fiscal nacional.