El Ministerio Público concretó la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI) ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto, en el marco de la investigación que sigue en su contra la Fiscalía Regional Oriente por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

La petición fue presentada por la fiscal regional Oriente Lorena Parra ante el tribunal de alzada capitalino, instancia que deberá determinar si existe o no mérito suficiente para quitarle sus privilegios como parlamentario para así formalizarlo y solicitar en su contra medidas cautelares.

En el marco de la indagatoria del ente persecutor, realizada con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, se ha establecido hasta esta etapa procesal que el otrora militante UDI presentó facturas ideológicamente falsas ante el Congreso Nacional.

Y fue en base a esos antecedentes que, incluso, la fiscal Constanza Encina logró orden de entrada y registro para allanar las oficinas del parlamentario en Valparaíso el 29 de octubre del año pasado.

Las pesquisas apuntan, como indicó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su querella, a que Lavín y su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez, presentaron la documentación falsa con miras a financiar ilícitamente la campaña electoral del otrora gremialista.

Mediante una serie de conductas irregulares, indicó el organismo, “lograron desviar y obtener recursos directamente del Congreso”.

“En efecto, los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario. Al contrario, se rindieron facturas ideológicamente falsas orientadas a fines personales del diputado mediante la sustracción o desvío de fondos estatales -que estaban puestos a su disposición por razón de su cargo-, por servicios presuntamente prestados por la imprenta MMG SpA, de propiedad del querellado Juan Silva Morales, y la empresa Modo 74 SpA, de propiedad del querellado Felipe Vásquez Diéguez”, se detalló el escrito.

Al contrastar las rendiciones presentadas, con declaraciones de testigos, revisión de celulares incautados y otros dispositivos, se concluyó que se cobró por servicios que no fueron prestados, “de manera que los recursos cuyo gasto se pretendía justificar con esos documentos fueron apropiados por los querellados”, estableció el CDE.