El director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Marcelo Araya, se refirió a la denuncia en contra del director de Inteligencia Policial (Dipolcar), general Luigi Lopresti, en la foto, quien estaría usando su cargo en la institución para conspirar, dañar y boicotear el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Según el medio digital Interferencia y en un reportaje escrito por el director de ese medio, Víctor Herreros, el general Lopresti estaría entregando -o no entregando, derechamente- informes parciales a las autoridades del Ministerio del Interior, informando antes a los antiguos personeros del gobierno de Sebastián Piñera e incluso el haber suspendido la vigilancia secreta de las casas donde viven el Mandatario en el barrio Yungay y de la ministra Izkia Siches en la comuna de La Florida.

Incluso en la crónica-reportaje de Interferencia se señala que la mayoría del equipo de la Dipolcar son policías de derecha y que el propio Loprestri es o fue partidario público de José Antonio Kast en la última elección y que cuando ganó Boric, realizó una reunión con su equipo de policías para hacer un análisis "político" de la elección y en qué situación quedaría él y los integrantes de la Dipolcar. 

El general Araya calificó de “graves” las acusaciones del medio y agregó que por instrucción del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se ordenó al propio Lopresti a poner “los antecedentes a disposición del Ministerio Público”.

Esto, con el fin de que “proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes necesarios para que sea precisamente el ente persecutor quien establezca todo lo que se señala en ese manifiesto”.

La justificación de esta instrucción, añadió Araya, se debe “principalmente por un tema de transparencia, certeza, celeridad y que sea un órgano externo quien investigue”. Además, destacó que “son aseveraciones graves que deben ser investigadas por ese ente”.

Durante la tarde de este martes, el Partido Socialista pidió una “exhaustiva investigación” a la labor del general Lopresti.

“La estabilidad institucional del país excluye absolutamente la utilización de los organismos policiales con el fines de política contingente, y menos aún para afectar la buena marcha del Gobierno, y en particular, las actividades del presidente de la República, en su doble condición de jefe de Estado y de Gobierno”, agregaron.