El gobierno ingresó a Contraloría, para su respectiva toma de razón, 24 escritos pendientes para revocar las polémicas pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social.

En específico, la noche de este lunes se ingresaron 24 nuevos casos a trámite, los que se suman al único que estaba siendo tramitado hasta ahora por el órgano fiscalizador. Este último fue ingresado, luego retirado de Contraloría para corregir aspectos formales (algo que en ocasiones sucede con la elaboración de decretos y documentos de esa naturaleza), los cuales fueron resueltos y -tras ello- la solicitud fue reingresada.

De esta forma, ya se encuentran en revisión los documentos de 25 beneficiados del total de 27 que el Ejecutivo anunció que iba a revocar.

El proceso lo llevó a cabo el Ministerio del Interior luego de las reiteradas consultas de BBCL Investiga, iniciadas el miércoles de la semana pasada. Todo ello en medio de las críticas que apuntaban precisamente a la falta de celeridad en un proceso que el propio Presidente Boric había indicado que iba a dejar zanjado a inicios de febrero.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha aclarado quiénes son los beneficiarios a los que —de pasar por toma de razón del organismo fiscalizador— se les revocarán las pensiones.

Según cuentan fuentes de Palacio, este corresponde a un proceso que recayó en el Ministerio del Interior y que —a juicio de La Moneda— se retrasó por los incendios que arrasaron la región de Valparaíso.