El Ejecutivo ingresó al Senado la reforma constitucional en materia de seguridad pública, iniciativa que será dada a cuenta este martes en Sala y que contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental como soluciones para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.

El proyecto agrega la seguridad pública entre los deberes esenciales del Estado en el artículo 1° e incorpora un nuevo artículo 9° bis que habilita regímenes penitenciarios especiales para condenados por estos delitos, con restricciones a comunicaciones, visitas y beneficios carcelarios.

Entre las sanciones adicionales figuran la pérdida de prestaciones financiadas con recursos públicos, la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas durante 15 años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en casos de crimen organizado.

La reforma habilita además un registro de organizaciones criminales y una nueva atribución presidencial para declarar, con informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, decisión que deberá ratificar el Senado con dos tercios de sus miembros en sesión secreta.

Se crea también un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, con una duración inicial de 120 días prorrogables, que permitirá restringir la libertad personal, de desplazamiento y de reunión, e interceptar comunicaciones en las zonas sujetas a la medida.