El ministro de Economía, José Ramón Valente, afirmó que al Gobierno "sólo le queda fiscalizar" el acuerdo entre la Corfo y SQM tras conocer el regreso de los hermanos Ponce Lerou como asesores estratégicos a la minera no métalica, tema que será el eje central de la primera sesión del consejo directivo de Corfo que se realizará este lunes.
Ad portas de la reunion del consejo, que integran representantes de Hacienda, Economía, Agricultura, Cancillería y Desarrollo Social, Valente afirmó que el acuerdo "lo está llevando Corfo en este minuto, así que se está siguiendo el curso que se tiene que seguir. Lo único que queda al actual Gobierno es fiscalizar que se cumpla lo estipulado en el contrato", dijo.
Desde la oposición, el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guillier pidió que el Presidente Piñera "repudie el convenio entre SQM y la Corfo y que replantee la negociación con esta empresa".
"El no cumplir la primera condición que era la modificación del gobierno corporativo y que salieran los hermanos Ponce Lerou, los grandes corruptores de la política en Chile, era la condición esencial del acuerdo. Al no cumplirse se anula el efecto", explicó Guillier.
Al ser consultado sobre el oficio que la Superintendencia de Pensiones cursó a las AFP por las implicancias que este acuerdo puede tener en las pensiones, el ministro Valente aseveró que "cuando se dice que la Superintendencia (está oficiando), es que está pidiendo información y a mi me parece perfecto que el Gobierno se informe de todo lo que está ocurriendo".
En paralelo, Corfo pidió a la minera no metálica una copia de las actas, los acuerdos y los contratos firmados para sellar el retorno de los hermanos Ponce Lerou a la compañía en calidad de asesores, para verificar que no cumplan labores propias de ejecutivos o directores, algo que sí está escrito como prohibición en el documento que le permitió a SQM seguir explotando parte del salar de Atacama.
Según el abogado Neftalí Carabantes, miembro del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y secretario general de la Universidad Central, hay por lo menos tres caminos legales que el Gobierno podría explorar para tener un nuevo acuerdo con SQM.
"Se debe, necesariamente, encargar la confección de un informe en derecho que establezca posibles vías de acción. También debiesen apuntar a evaluar la precisión o nulidad del contrato por un incumplimiento del espíritu de una obligación de carácter esencial del mismo, que es la salida del señor Ponce de SQM", dijo.
"Una segunda vía podría ser analizar la interposición, tal como se hizo en el año 2013, de una nueva acción tendiente a poner termino a la concesión de SQM por haberse vulnerado la fe pública", agregó.
"En tercer lugar creo que Corfo, a lo menos, debiese solicitar a su contraparte SQM la modificación o reescrituración del contrato donde cuente expresamente con la salida del señor Ponce en todo evento", concluyó Carabantes.