La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrenta cuestionamientos por una decisión adoptada antes de dejar el Ministerio Público, cuando lideraba la Fiscalía Regional de Tarapacá.

El caso se remonta a la investigación por la compra de más de 45 mil cajas de alimentos durante la pandemia, donde la Contraloría detectó sobreprecios por $514 millones y eventuales irregularidades en la asignación de contratos.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique absolvió a los ocho acusados, incluido el exintendente Miguel Ángel Quezada, militante de la UDI.

El caso

El 3 de noviembre del año pasado venció el plazo para que la fiscalía intentara revertir el mazazo que le propinó el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, al absolver a todos los acusados que llegaron a juicio en el llamado caso “Cajas de alimentos”, una de las causas por corrupción más bulladas de los últimos años en Tarapacá. Quién debía definir la estrategia era la entonces Fiscal Regional Trinidad Steinert, actual ministra de Seguridad.

La causa se inició en 2020 cuando la Contraloría detectó sobreprecios por $514 millones en la compra de más de 45.000 cajas de alimentos para repartir a la población durante la pandemia. El encargado de la compra fue el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, militante de la UDI y un cuadro político cercano a quien ejercía como senadora del mismo partido en la región, Luz Ebensperger. Buena parte del aparato regional de ese partido, y también de RN, quedó comprometido por la investigación penal, incluidos algunos proveedores de sus campañas electorales.

Cinco años después, en octubre de 2025, el caso terminó con un sabor amargo para el Ministerio Público cuando el tribunal absolvió a los ocho principales acusados, entre ellos el exintendente Quezada. El plazo para que la fiscalía y los querellantes presentaran recursos para revertir la decisión vencía un mes después.

El medio de investigación periodístico Reportea pudo confirmar con fuentes de la fiscalía de Tarapacá, que a inicios de noviembre  el escrito con el que buscarían la nulidad del veredicto estaba elaborado. El plan era recurrir a la Corte de Apelaciones de Iquique para dar vuelta el resultado y condenar a los acusados.

Después de todo, luego de cinco años de investigación el equipo de fiscales a cargo había recabado pruebas que evidenciaban que para la compra de las cajas se eligieron empresas a dedo, se incluyeron firmas que no estaban habilitadas para contratar con el Estado (utilizando a prestanombres), y que entre las empresas que ejecutaron los contratos había proveedores de campañas electorales de la UDI y RN. Todo esto sumado al sobreprecio detectado por la Contraloría. Pero el escrito judicial no llegó a presentarse, la decisión fue de la entonces Fiscal Regional Trinidad Steinert.

La actual ministra de Seguridad estaba lejos de Iquique cuando se inició la indagatoria. En 2020 ejercía como fiscal adjunta en la zona sur de Santiago. Recién en febrero de 2021 se trasladó al norte cuando fue convocada por el Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, para formar parte de su equipo de confianza. Desde ahí desplegó su candidatura por la jefatura del Ministerio Público en la región vecina, Tarapacá, lo que logró a inicios de 2024 cuando asumió el cargo.

Para entonces la causa por las cajas de alimentos ya estaba en la recta final, por lo que ella no participó en su desarrollo ni puede adjudicarse sus principales hallazgos. A pesar de eso, en Tarapacá los fiscales más antiguos estaban convencidos de que luego de la derrota en el juicio, escalarían la disputa a la Corte de Apelaciones. Es lo que casi siempre hace la fiscalía cuando sufre un traspié de esa magnitud. De hecho, fue lo que le dijeron al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que era querellante en la causa. En el CDE prepararon su propio escrito para litigar junto a la fiscalía ante los ministros de Iquique.

Pero el 3 de noviembre de 2025 solo el CDE presentó su recurso de nulidad. La fiscalía no lo hizo y el escrito quedó redactado y sin firma sobre el escritorio de Steinert. Poco más de dos meses después la Fiscal Regional renunció a su cargo y se sumó al gobierno del Presidente Kast. El 20 de enero pasado se oficializó su nombre como la flamante nueva ministra de Seguridad.

La fiscal se transforma en ministra

La Fiscalía Regional de Tarapacá, consultada por el medio Reportea, confirmó que la decisión de no acudir a la Corte de Apelaciones fue de Steinert.

“La decisión de no recurrir en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, en el denominado caso “cajas de alimentos”, fue adoptada por la máxima autoridad de la Fiscalía Regional de la época, quien concluyó (luego del respectivo análisis de la sentencia en cuestión) que no existía fundamento para recurrir teniendo presente que el recurso de nulidad procede frente a causales específicas que no se vislumbraban”, indicaron a través de una respuesta por escrito.

Desde la Fiscalía Nacional indicaron que Steinert les avisó de su decisión, pero que no les consultó. Según el criterio que manejan en la sede del Ministerio Público en Santiago, había elementos para recurrir de nulidad ante la corte. En todo caso, las fiscalías regionales pueden tomar esas decisiones con autonomía.

En Tarapacá hoy miran con sospecha la decisión de Steinert. Su renuncia al Ministerio Público para asumir como ministra de Seguridad en el gobierno de Kast, poco después de definir no seguir litigando una causa que apuntaba a dirigentes políticos del actual oficialismo, disparó las suspicacias.

Consultada la actual ministra de Seguridad, no quiso entregar comentarios respecto a este asunto. Pero sus cercanos indicaron a Reportea que “resulta importante no confundir decisiones estrictamente judiciales, adoptadas sobre la base de antecedentes y revisadas por tribunales de la República, con interpretaciones de carácter político que no tienen sustento en el proceso”.

Según dijeron, no hay relación entre la decisión que tomó en el caso “Cajas de alimentos” y su arribo al actual gobierno: “No parece adecuado atribuir motivaciones políticas a decisiones que fueron adoptadas en el marco de un proceso judicial, revisadas por tribunales superiores y conforme a criterios estrictamente jurídicos”, señalaron.

En Tarapacá, fuentes del mundo judicial consultadas por Reportea reconocen que la secuencia temporal abrió dudas sobre esa decisión, aunque no existe antecedente público que pruebe una intervención política.

La primera alerta emergió por las palabras de la vocera de gobierno, Mara Sedini, quien poco después de que Steinert renunciara al Ministerio Público, le dijo a La Tercera que la conversación con ella “llevaba un buen tiempo”.

“Creo que fue una bonita sorpresa que pareciera un nombramiento de último momento”, aseguró Sedini. Esas palabras generaron una primera polémica en torno a Steinert, porque de ser cierto, implicaría que la Fiscal Regional negoció con el entrante gobierno de Kast mientras tomaba decisiones que podían afectar al nuevo oficialismo, como justamente se cuestiona ahora en Tarapacá por el caso “Cajas de alimentos”.

Luego de la entrevista de Sedini el entorno de Kast salió a corregir sus dichos. El actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que la conversación con Steinert “se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del Presidente Kast”.

Y ahora desde el entorno de Steinert se aferran a esa versión. Sus cercanos le dijeron a Reportea que “tal como es de público conocimiento, las conversaciones se produjeron durante el fin de semana previo al nombramiento, oficializado el 20 de enero”.

Ministra cuestionada

El pasado de Steinert como Fiscal Regional de Tarapacá le está penando en su actual rol como ministra de gobierno. El episodio que actualmente la tiene bajo cuestionamiento público comenzó con un operativo contra una mafia china que operaba en la Zofri, el “clan Chen”. El equipo de policías que trabajó junto a ella en ese caso fue trasladado a otras regiones por orden de la entonces jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. La decisión golpeó a Steinert, ya que en ese equipo estaba uno de sus funcionarios de confianza, Mauricio Fuentes. Dos días después de que asumió como ministra, el pasado 13 de marzo, envió un oficio a la PDI solicitando antecedentes del traslado.

Al parecer la respuesta que recibió no fue de su agrado, porque le pidió al director de la PDI, Eduardo Cerna, que tramitara la renuncia de Peña. El episodio fue denunciado por el senador Iván Flores (DC), y desató una crisis debido a que Steinert pudo haber sobrepasado sus atribuciones. 

La actual ministra se refugió en la versión de que la renuncia de Peña —tercera en la línea de mando de la PDI, con más de 30 años de trayectoria y muy respetada en las filas de la policía— fue una decisión de Cerna. Esa versión fue respaldada por el Presidente Kast durante la entrevista que concedió a la Archi, lo que dejó en una incómoda posición al actual jefe máximo de la PDI, quien la próxima semana deberá acudir al Congreso a aclarar el episodio.

En la Región de Tarapacá observan con interés lo que ocurre con Steiner. Las versiones entregadas para este reportaje por fiscales, abogados y ministros de la corte regional no coinciden sobre lo que ocurrió en el caso “Cajas de alimentos”. Mientras algunos respaldan lo que dicen sus cercanos, de que su decisión de no pedir la nulidad del juicio donde la fiscalía resultó derrotada fue estrictamente jurídica, otros ponen el acento en el manejo político de la exfiscal, y recuerdan que entre 2017 y 2019 fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales. Esas fuentes sospechan de una motivación política tras la decisión.

Como sea, la causa por las “Cajas de alimentos” terminó naufragando en la Corte de Apelaciones de Iquique. El pasado 31 de diciembre se rechazó el recurso de nulidad presentado por el CDE, y fueron absueltos definitivamente los ocho acusados en el juicio, entre los que estaba el exintendente Quezada, y también Daniela Solari, excore regional en cupo RN y pareja del recién electo diputado por Iquique, Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario).

Los querellantes particulares, entre los que estaban los exdiputados del PC Hugo Gutiérrez y Matías Ramírez, fueron condenados a pagar las costas del juicio.

Según la sentencia del tribunal que absolvió a todos los acusados, los problemas detectados por la fiscalía solo se trataron de irregularidades administrativas, y no se configuraron delitos. Respecto de los hallazgos de la Contraloría, que acusó sobreprecios por $514 millones, la sentencia indicó que ese cálculo no consideró que la contratación del servicio implicó la confección de las cajas, la compra de su contenido y también la distribución de las mismas. Todos esos factores justificarían los más de $50.000 que se pagaron por caja durante la pandemia.

En el archivo histórico del caso quedaron los hallazgos realizados también por una investigación periodística liderada por Salud con Lupa, El Mercurio de Antofagasta y Connectas, como que una de las empresas a cargo de armar y distribuir las cajas de alimentos, sin experiencia previa en ese rubro, antes había sido proveedora de las campañas electorales de Luz Ebensperger (UDI) y Ramón Galleguillos (RN). O que una de las organizaciones elegidas por la Intendencia de Tarapacá para desplegar la compra y entrega de cajas, la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes), había sido presidida hasta poco antes por el propio intendente Miguel Ángel Quezada.