El exministro de Justicia Hernán Larraín cuestionó la interpretación jurídica utilizada por el Gobierno para justificar las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según sostuvo, la legislación aprobada en 2022 permite excluir de este beneficio a los condenados por esos delitos, incluso cuando las sentencias hayan sido dictadas antes de su entrada en vigor.

Las rebajas de las penas a los pedófilos y a tres violadores de derechos humanos lleva lo que se señala expresamente "por orden del Presidente de la República". Para el ministro de Justicia de Kast, eso es solo un tecnicismo legal. Obvio, para la oposición y otros personeros, esas rebajas tienen que llevar la anuencia del Presidente de la República.

La controversia surgió luego de conocerse que el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, tramitó 56 rebajas de condenas por delitos de esta naturaleza, situación que provocó críticas de la oposición y abrió un debate sobre las atribuciones de la autoridad administrativa y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Rabat ha defendido la legalidad de los procedimientos, argumentando que las resoluciones se ajustaron a fallos del máximo tribunal que acogieron recursos de amparo presentados por los beneficiarios. A su juicio, el ministerio se limitó a cumplir decisiones judiciales y a aplicar el principio de irretroactividad de la ley penal.

Sin embargo, mediante una declaración pública, Larraín recordó que durante su gestión como ministro de Justicia del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022, enfrentó situaciones similares.

Explicó que, poco después de asumir el cargo, rechazó una solicitud de rebaja de condena presentada por una persona sentenciada por violación de un menor de 14 años. Posteriormente, una resolución judicial lo obligó a conceder el beneficio, al establecer que su otorgamiento era obligatorio cuando se cumplían los requisitos de la Ley N.º 19.856.

El exsecretario de Estado señaló que esa interpretación, respaldada entonces por reiterados fallos de la Corte Suprema, llevó a su administración a dictar los decretos correspondientes, dejando constancia de que se trataba del cumplimiento de mandatos judiciales y no de decisiones discrecionales.

Ante esa situación, recordó que el Gobierno de Piñera presentó el 11 de noviembre de 2019 un proyecto destinado a impedir que condenados por violación, estupro, abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual de menores pudieran acceder a reducciones de condena.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso y promulgada el 28 de enero de 2022 como Ley N.º 21.421.

Larraín sostuvo que durante la discusión parlamentaria se estableció que la exclusión debía aplicarse inmediatamente, con independencia de la fecha en que se hubiera dictado la sentencia condenatoria.

Según explicó, el fundamento de esa interpretación radica en que la reducción de condena constituye un beneficio penitenciario y no una norma penal sustantiva, por lo que no estaría sometida al principio de irretroactividad de la ley penal.

El exministro citó la historia legislativa de la reforma, donde quedó consignado que no existe un derecho adquirido a obtener la rebaja, sino que los solicitantes deben cumplir las exigencias legales vigentes al momento de postular.

Asimismo, reconoció que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha experimentado cambios. Indicó que inicialmente el tribunal permitió conceder el beneficio a personas condenadas antes de la reforma, pero que en resoluciones más recientes ha adoptado un criterio diferente.

De acuerdo con Larraín, esos últimos fallos han rechazado solicitudes de reducción de condena al considerar que el beneficio no está protegido por el principio de irretroactividad penal, interpretación que, a su juicio, coincide con el propósito de la ley aprobada durante su administración.

La controversia ha generado una ofensiva política de las bancadas del PS, PC, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana, que solicitaron al Presidente José Antonio Kast la salida del ministro Rabat.

Los parlamentarios opositores acusaron al Ejecutivo de entregar una respuesta tardía e insuficiente y cuestionaron los fundamentos jurídicos utilizados para explicar las reducciones de penas.

Además, la Cámara de Diputados acordó realizar una sesión especial el miércoles 28 de octubre para examinar los antecedentes del caso y las responsabilidades institucionales involucradas.

La discusión se concentra ahora en determinar el alcance de la Ley N.º 21.421, la aplicación de los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema y las facultades del Ministerio de Justicia para conceder o rechazar beneficios penitenciarios a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.