La oposición publicó su propuesta oficial sobre la agenda de mínimos comunes, donde destaca la entrega de una renta básica universal sobre la línea de la pobreza y subsidios directos a las pymes, como medida para fortalecer la economía.

El documento cuenta de 4 puntos: “Propuesta sobre Renta Básica Universal de Emergencia”, “Plan de Recuperación para las Mipymes y Sectores postergados”, “Fortalecimiento de Medidas Sanitarias” y “Fuentes de Financiamiento para la emergencia y el mediano plazo”.

En este apartado se plantea un aporte 30% superior a la línea de la pobreza por persona a todas las familias que estén el Registro Social de Hogares, aunque exceptuando a los de más altos ingresos, “a partir de la información sobre ingresos que conste en otros registros administrativos, por ejemplo, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos”.

“Adicionalmente, se deben considerar mecanismos complementarios que permitan la incorporación a la prestación de hogares en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH”, añaden.

De esta forma, una persona recibiría $229 mil. En ese sentido, se iría haciendo un cálculo progresivo que llega hasta los $604.000 para una familia promedio de cuatro personas, por los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Para la Pequeña y Mediana Empresa se buscará otorgar subsidios directos por un monto total de US$3 mil millones, abarcando a empresas con ventas de hasta 25 mil UF. Además, se agregan facilidades para aquellos emprendedores que tengan deudas con el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

“Estas transferencias deben ser funcionales a las especificidades de cada sector, subsector y considerar la compleja situación en las diversas regiones del país, abarcando principalmente a las empresas con ventas netas hasta UF 25.000”, añade el documento.

En la misma línea, se propone la “suspensión de los pagos de patentes y eliminación de multas por incumplimiento tributario de años 2020 y 2021, sin condición de pago parcial”. También se plantea suspender remates, condonar o suspender pagos de contribuciones, y eliminar multas o intereses moratorios.

El tercer punto del documento apunta a fortalecer medidas para combatir la pandemia de covid-19, incluyendo dar gratuidad universal al examen PCR, transferir recursos a la atención primaria de salud para Testeo, Trazabilidad y Aislamiento.

“Implementar 30 trazadores por cada 100.000 habitantes (1 por cada 3.333 habitantes, además de gestores de casos, gestores del cuidado y trabajadores de APS suficientes en todos los territorios. Remuneración bruta: $800.000 a $1.000.000 (MMM$4,8 a MMM$6,0 mes)”, sostienen.

“Fuentes de Financiamiento para la emergencia y el mediano plazo”
El último apartado del documento dice relación a la financiación de las iniciativas, donde se propone dar mayores recursos al SII para acceder a información bancaria y mejorar sus herramientas ante la elusión de impuestos, quitar la exención de IVA a constructoras, eliminar la exención a la ganancia de capital en mercados regulados o aumentar recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales, a través del royalty y revisión de la tributación minera.

“Aumentar recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales – royalty y revisión de la tributación minera y de otras actividades extractivas. Revisión de Información relativa a elusión y evasión para mercados atingentes, construyendo desde ahora una línea base para establecer la carga impositiva efectiva de la minería y la
posterior implementación de medidas tributarias”, exponen.

Cabe destacar, que el documento de la oposición también indica que hay otros puntos, fuera de la agenda de mínimos comunes, “frente a los cuales se deben tomar decisiones”.

“Se trata de asuntos que nos preocupan de forma permanente y que el gobierno deberá
enfrentar en los próximos meses. Nos referimos, entre otros, a derechos humanos; crisis de la vivienda social y campamentos; seguridad social; fortalecimiento del sistema de educación y salud pública; asegurar conectividad y equipamiento para todos los niños, niñas y adolescentes del sistema público de educación; pluralismo en el directorio de las empresas estatales, como CODELCO, entre otros”, indica el documento.