Por Alfredo Peña R.
La última encuesta Cadem dejó una señal muy compleja para el Gobierno de Kast.
La aprobación presidencial cayó cuatro puntos y llegó a 36%, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato, en medio de crecientes y graves dudas ciudadanas sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar los temas que más marcó la campaña de Kast: la seguridad y el control migratorio.
Una cifra que no deja de sorprender en esta encuesta es que la desaprobación o el rechazo a Kast llegó al 58%, marcando el peor registro del Mandatario desde que asumió. Lo singular que hace 5 meses en la segunda vuelta en diciembre, Kast logró el 58% de adhesión para ser Presidente y esa misma cifra hoy lo rechaza como ha gobernado el país. Todo un record para un Presidente de la República desde la vuelta a la democracia de 1990.
Otros números de Cadem
El estudio además mostró que la seguridad sigue siendo el principal tema asociado a la campaña presidencial de Kast. Un 44% de los encuestados identificó esa área como su principal compromiso electoral.
Sin embargo, la percepción sobre la efectividad de las medidas implementadas por el Ejecutivo aparece dividida. Mientras un 36% considera que el gobierno sí cuenta con un plan concreto en materia de seguridad, un 64% afirmó no creer que exista una estrategia clara.
En materia migratoria, la encuesta evidenció que persiste una visión crítica respecto al ingreso irregular de extranjeros al país. Un 60% opinó que la llegada de inmigrantes ha sido negativa para Chile y un 75% respaldó la idea de endurecer aún más las restricciones migratorias.
Asimismo, un 65% se mostró de acuerdo con la indicación impulsada por el gobierno para permitir que instituciones de salud y educación entreguen información destinada a identificar migrantes con órdenes de expulsión vigentes.
El sondeo también evaluó el respaldo al denominado Plan Escudo Fronterizo. Un 57% aprobó la iniciativa, aunque solo la mitad de los consultados cree que las medidas serán efectivas para frenar el ingreso irregular al país.
La encuesta además reflejó un amplio apoyo a medidas más estrictas contra la inmigración irregular. Un 85% respaldó fiscalizar y eventualmente sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular, mientras un 84% apoyó las expulsiones y un 83% restringir beneficios sociales a migrantes irregulares.
En paralelo, un 72% se mostró favorable a establecer penas de cárcel para casos de inmigración ilegal.
Uno de los puntos más sensibles del estudio fue la evaluación de la promesa de campaña relacionada con la expulsión de 300 mil migrantes irregulares.
Un 61% de los encuestados consideró que esa meta es imposible de cumplir y un 54% aseguró que gran parte de la ciudadanía creyó que se trataba de un compromiso realizable.
En esa línea, un 65% estimó que la mayoría de los migrantes irregulares continuará permaneciendo en Chile pese a las medidas anunciadas por el Ejecutivo.
Pese al endurecimiento de las posturas migratorias, la encuesta también mostró respaldo a ciertos procesos de regularización. Un 77% estuvo de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de diez años viviendo en Chile sin cometer delitos y un 60% apoyó hacerlo con quienes acrediten empleo formal.
