A través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, el gobierno le puso freno a las intenciones de los reos de Punta Peuco, quienes anunciaron que de no conseguir la conmutación de las penas por arresto domiciliario total, recurrirían al Presidente Sebastián Piñera para ser indultados.

“Todos los reos, cualquiera que sea la cárcel donde estén cumpliendo su pena, tienen derecho a solicitar beneficios carcelario o incluso indulto. En el caso de los beneficiosos se otorgan en la medida que cumplan con los requisitos, pero se tiene que entender que son beneficios y no derechos, por lo que se tienen que resolver de acuerdo al criterio del gobierno. En el caso de los indultos, también se solicitan al Ejecutivo y este verá en cada caso si corresponde otorgarlo o no”, dijo el secretario de Estado.

Teniendo en cuenta que esta última medida vendría a modificar una decisión adoptada por el poder judicial, como expuso la autoridad de gobierno, no sería “razonable generalizar la aplicación de los indultos, salvo cuando se trate de casos excepcionalísimos”.

“Fueron muy pocos los indultos que se dieron en la primera gestión del Presidente Piñera y me parece que el criterio restrictivo va a seguir siendo la tónica dominante de nuestro periodo. Se pueden otorgan indultos, pero no de forma masiva, se debe estudiar caso a caso y se ven si hay situaciones gravísimas para poder proceder. No es llegar y otorgar indultos a personas porque lo solicitan”, indicó.

Lo que el ministro calla es que los delitos de lesa humanidad no son indultables ni amnistiables y que respecto de ellos tampoco caben beneficios extracarcelarios, porque se estarían violando los tratados internacionales suscritos por Chile y pondría a nuestro país al margen del derecho internacional.

Decir, no le daremos a todos, es también decir "le daremos a algunos", lo que es ilegal.