Hasta 7 mil UTM tendría que pagar la concesionaria del club Universidad de Chile, Azul Azul, por las faltas cometidas en la organización del clásico universitario que se debía jugar el domingo recién pasado y que terminó siendo suspendido por el lanzamiento de fuegos artificiales a la cancha.

Al menos ese es el monto que espera el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, que deba cancelar la empresa controladora del equipo laico, según comentó después de una reunión con el ministro de Deportes, Jaime Pizarro.

Monsalve explicó que “al Estado le corresponde regular y hacer cumplir las leyes que permitan garantizar seguridad al interior de los recintos deportivos”, aun cuando recalcó que los carabineros no pueden ser destinados exclusivamente a cuidar eventos de privados.

“Muchas veces cuando hay actividades privadas, que además son actividades privadas rentables y algunas muy rentables, lo razonable es que el Estado le exija a quien está ganando dinero a partir de la realización de esa actividad que cumpla estándares de seguridad”, precisó la autoridad de Interior.

A lo anterior sumó que “los carabineros se requieren en las poblaciones, no para ir a cuidar solo eventos privados. A los privados también hay que exigirles medidas de seguridad. Y los estados y los gobiernos también deben tener la determinación de exigírselo”.

Además, precisó que “el aforo permitido era de 23 mil personas. La entrada más barata, entiendo, a ese evento deportivo estaba en torno a los 25 mil pesos, para un aforo de 23 mil personas. Evidentemente quien organiza esta actividad tiene una renta y lo razonable a esa persona es exigirle que esa renta razonable, necesaria, se destine a garantizar buenos estándares de seguridad”.

Junto con respaldar el accionar de Estadio Seguro y su jefa Pamela Venegas, Monsalve subrayó que de haber seguido las orientaciones del ente se habría evitado los hechos ocurridos el domingo en el estadio Ester Roa de Concepción, además de adelantar que oficiarán al SERNAC para que se haga parte de este proceso.

“Hay 23 mil personas que pagaron por ir a ver un espectáculo deportivo que no pudieron ver y lo que corresponde es que ante la vulneración de los derechos del consumidor el Servicio Nacional del Consumidor abra un proceso destinado, de acuerdo a nuestra opinión, a que se devuelva el valor de las entradas”, señaló.

Monsalve indicó que ordenaron a la Delegación Presidencial del Biobío para que presente las querellas que correspondan contra quienes resulten responsables de los desórdenes que llevaron a la suspensión del partido, además de adelantar que se reunirán en los próximos días con los representantes de la ANFP para abordar estos hechos