La polémica que protagonizó la semana pasada el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, abrió el debate respecto al acceso a las playas en el mar, ríos y lagos.

Tras la divulgación del video en que el ejecutivo increpó a tres mujeres que se encontraban descansando en las orillas del Lago Ranco, en un espacio que él consideraba propiedad privada, el propio ministro de Bienes Nacionales salió a aclarar la pugna. “En Chile todas las playas son públicas, no existe el concepto de playas privadas”, remarcó el titular de la cartera, Felipe Ward.

Y en terminos generales el secretario de Estado tiene razón. Aunque existen mecanismos para que privados puedan solicitar una concesión marítima que les permita administrar lo que podría considerarse una “playa privada” por una periodo determinado. En general aquello suele hacerse con fines productivos. Y si bien no es común, no es un impedimento -ni menos ilegal- que la solicitud sea efectudada con propósitos particulares.

De acuerdo a antecedentes publicados por El Dínamo, bajo este modelo fue que el presidente Sebastián Piñera se apoderó de más de 800 metros cuadrados de playa en el Lago Caburgua, en La Araucanía, contigua al recinto donde tiene una propiedad y que, justamente, ocupó para pasar sus vacaciones.

La parte más compleja de la tramitación la realizó durante su primer mandato (2010-2014), cuando el ministro de Defensa era el actual senador Andrés Allamand, a partir de abril de 2011, mediante un “Anteproyecto valorizado de las obras de concesión marítima” para el sector Renahue, en el kilómetro 2.4, con el objeto de “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en 2 rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”.

“Las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, lo que nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”, sostiene el texto. De este modo, la solicitud admite directamente que dicho espeacio había sido ocupado desde 2001 de forma ilegal. Peor aún, un informe técnico remarcó que las primeras obras se instalaron irregularmente en 1990.

A partir de abril, el proceso de regularización avanzó rápido. El 24 de junio y el 8 de julio de 2011 la Capitanía de Puerto de Villarrica emanó dos informes aprobando la solicitud del que -en ese entonces- también era Presidente en ejercicio.

Para la elaboración fue consultadad la gobernación marítima y la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), ambas bajo el alero del Departamento de Asuntos Marítimos dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, liderado en ese entonces por el actual senador, Andrés Allamand (RN).

De acuerdo al sitio web, por el camino también se requería el permiso de autoridades locales, que incluso llegó antes de la solicitud de concesión. El director regional de Turismo de la época, Sebastián Álvarez, emitió su voto favorable el 3 de enero de 2011. En la misma línea lo hizo el Seremi de Obras Públicas de La Araucanía, Ernst Rendel, el 26 de enero de 2011.

Tras ese rápido camino, el proceso ya estaba listo para su aprobación final. Aunque recién seis años más tarde, en junio de 2017, fue emanado el decreto supremo que otrogó la concesión marítima a Piñera.