Otra vez SQM, Penta y Longueira por manejo de platas sucias en la política

En la investigación hecha por el sitio CIPER, se dio a conocer la declaración judicial de Carmen "Coca" de Castro, una de las principales colaboradoras del expresidente de la UDI, Pablo Longueira, quien afirmó que ese dinero iba a un fondo común para financiar campañas del partido.

Por Teresa Frías K.

Una vez más SQM y el grupo Penta en la mira, y además se suma Pablo Longueira, uno de los personeros emblemáticos de la UDI. El tema del financiamiento de las campañas electorales, sin duda es uno de los debates que se viene dando desde el 2009 y no es para menos, sabiendo que en aquel momento no existía transparencia de donde se costeaban los candidatos sus campañas.

En una investigación dada a conocer por CIPER se detalla que entre SQM y otras 13 empresas se aportaron $1.300 millones de pesos, que pasaron por toda una red de boleteros, fundaciones y sociedades ligadas al entorno de Longueira, quien fue formalizado en marzo de 2016 por delitos tributarios y de cohecho.

El reportaje informa que esta cantidad de dinero sirvió para financiar campañas de personas que le faltaban recursos, tales como Pablo Zalaquett, Jorge Castro, Emilio Amstrong, Gustavo Alessandri, Paula Phillips y el mismo ex presidenciable.


Zalaquet: otro que recibió dinero "trucho".


El sitio accedió a la declaración judicial de Carmen "Coca" de Castro, una de las principales colaboradoras del expresidente de la UDI, quien afirmó que ese dinero iba a un fondo común para financiar campañas del partido.

"Respecto del destino de estos fondos, según lo que me dijo Titi (Valdivieso), estos correspondían a un aporte para un fondo común, para apoyar a los distintos candidatos a diputados, concejales, alcaldes en campañas vinculadas al partido UDI (…) Creo que Pablo Longueira apoyaba la recaudación de fondos para campañas de jóvenes candidatos a alcaldes, concejales y diputados, quienes tenían dificultades de financiamiento", dijo.

Entre los aportantes, además de SQM, se encuentra Copra, relacionada a la Universidad San Sebastián, y el grupo Penta, propiedad de Carlos Lavín y Carlos Délano, este último controlador del rechazado proyecto Dominga.

Nombres que se repiten

Frente al tema, el abogado querellante por la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, aseguró que “no me sorprenden estos antecedentes que se están dando sobre el financiamiento ilegal por parte de determinadas empresas, sobre todo de SQM a distintos personeros políticos”.

En diálogo con Cambio21, agregó que “esto se concreta en un contexto en que actualmente Pablo Longueira se encuentra formalizado por delitos reiterados de carácter tributario y de cohecho, en relación a coimas que se habrían pagado a cambio de realizar un conjunto de actuaciones en favor de la empresa de Julio Ponce. En este contexto lo que nosotros esperamos es que el ministerio Publico tenga la decisión de poder indagar hasta esclarecer toda la verdad de lo sucedido y a partir de aquello poder definir o descartar responsabilidades criminales, las que en todo caso en esta investigación, a nuestro juicio se encuentran bien definidas y acreditadas”.

“Lo preocupante que se observa es que hay un grupo de empresas que son aquellas que tienen capturados determinados mercados, los principales en nuestro país, que a su vez tenían financiadas ilícitamente a distintos personeros de diversas fuerzas políticas que tenían la obligación de fiscalizar a estos grupos económicos. Entonces ahí hay un círculo vicioso del que es difícil salir y en el cual han estado atrapado hace décadas, y los casos suman y siguen y no veo que haya una voluntad real de abrir todos estos casos e investigar a todas las empresas que han sido imputadas por este tipo de conductas con fin de esclarecer toda la verdad de casos de corrupción”, puntualizó Daza.

Además, enfatizó en que “si surgen nuevas empresas, podría generar nuevas causas para el ex senador, respecto de aquello que se vincula a SQM ante nuevos antecedentes se abran las respectivas aclaraciones”.

Por último, destacó que “las leyes que ya están vigentes sean efectivamente aplicadas, no es un problema de leyes de más o leyes de menos leyes, aquí hay normas para perseguir estos hechos, acá hace falta de personas que persigan estos hechos y hagan lo que corresponde”.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS), declaró que “esta información refleja con mucha nitidez lo que fue el modelo de hacer política hasta hace pocos años, un modelo donde las grandes empresas formaban parte de las decisiones políticas que tomaban distinto actores, que aspiraban a ello o bien estaban en ese escenario y aparecían completamente financiados por grandes grupos económicos, sin duda no hacían caridad con ello, sino que invertían en ellos”.

A ello, el parlamentario agregó a Cambio21 que “el nuevo modelo de financiamiento de campañas electorales no tiene nada que ver con el anterior, de hecho en el nuevo sistema está prohibido el aporte de empresas privadas, incluso antes se les daba el beneficio de la reserva”, agregando que “existen límites mucho más estrictos, existen todas las definiciones que evitarían volver a pasar por los mismos hechos”.