Restan veinte días para la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales y desde la ciudadanía no se oye padre: la abrumadora mayoría no está interesada en ir a votar.

 

En cifras, cerca del 60% optará por quedarse en la casa, tendencia que se viene repitiendo desde el estreno del sufragio voluntario en 2012. Es decir, dos comicios municipales (2012 y 2016) y el anterior proceso de 2013, en el que de un universo de 13.573.088 inscritos habilitados apenas 5.697.751 concurrieron a las urnas en la segunda vuelta que proclamó como vencedora a Michelle Bachelet.

 

 

Lo curioso del tema es el temor transversal que provoca el desinterés del pueblo por participar. El exdirector de la Secretaría de Comunicaciones de la actual administración, Carlos Correa, anticipó riesgos para el funcionamiento del país, sea quien sea el próximo ganador.

 

“Si votan pocas personas aumentará la distancia entre el mundo de personas a pie con los representantes elegidos”, lo que “da espacio para una solución populista a los problemas y, por cierto, también autoritaria. Si la democracia parece tan poco valorada, ¿qué sentido tiene defenderla?”, cuestionó en La Tercera.

 

En la derecha son más simplones, dado que aseguran que con los números que hay sobre la mesa no se puede asegurar de buenas a primeras el triunfo de Sebastián Piñera. Obvio, hasta ahí llega el análisis, porque hace años que se sabe que un escenario de bajo electorado la ventaja corre para el exjefe de Estado. No es novedad.

 

Por lo mismo, resulta penoso -por no decir patético- el llamado a votar para evitar que ese sector ideológico obtenga el poder. Antes de llegar a esa convocatoria, que huele a desesperación justa y justificada más que otra cosa, habría que concordar en algunas verdades.

 

Primero: el voto voluntario fue aprobado por todos las bancadas en el anterior gobierno de Piñera y desde la época de Ricardo Lagos que se venía promoviendo. Conclusión: si había una forma de instar a la fuga masiva de electores despolitizados y cómodos y que sufragaban obligados era precisamente esta. Pues bien, lo lograron.

 

Segundo: no existe ningún partido político que no esté sumido en algún lío de corrupción, cuestionamiento judicial, ético o moral (Penta, SQM, Corpesca, Arcis, asignaciones y asesorías parlamentarias, etc.). Mismo recado queda para los casos Exalmar y Caval en sus distintas dimensiones y tratamientos claro está. Y así es imposible tomar en serio cualquier invitación a confiar en ellos.

 

Tercero: derivado de lo anterior, la población, al ver de lejos a la política como mecanismo o recurso para solucionar problemas, injusticias, colusiones y demases, confía más en su propia capacidad individual o en las redes familiares y de amigos para salir adelante.

 

Cuarto: ojo con los soportes espirituales, en los segmentos más populares “la lleva” la religión evangélica, además que la disminución de los fieles católicos se ve traducida en una fuerte caída de las comunidades organizadas que en otros tiempos servían de contención y refugio. Hoy proliferan los grupos de vecinos que se ordenan en torno a repeler actos de delincuencia, ítem sensible por donde se le mire.

 

Quinto: los nuevos electores jóvenes han visto desde la cuna y en sus propios hogares el germen del desinterés, crecieron viendo frustraciones y situaciones de sus padres donde las instituciones lisa y llanamente los abandonaron y, para peor, provienen de la era digital, motivo por el cual les hace más sentido refugiarse en las comunidades digitales y en las tendencias multimediales más que en considerar los discursos políticos.

 

Sexto: las nuevas agrupaciones políticas que nacieron desde las elites de la Concertación y la derecha (Frente Amplio) tienen como destinatarios a las mismas élites, léase gente con más mayor acceso a la información y la cultura, no a los segmentos más pobres. Prueba de aquello fue la esmirriada votación registrada en la primaria presidencial del 2 de julio. Eso sin contar el veto que sufrió inicialmente el exabanderado Alberto Mayol para ser candidato a diputado, lo que desperfiló a esta coalición ante la opinión pública.

 

Séptimo: el mea culpa de la mal llamada clase política no solo consiste en decir “la embarramos”, dar vuelta la página y ya. Lo ideal es que candidatos al Parlamento cuestionados por la justicia o por situaciones reñidas con la ética no hubieran sido habilitados para competir. Eso como una señal mínima de garantía que no ocurrió.

 

Podríamos seguir. Para qué. Lo único concreto es que si se admite que los políticos chilenos, dentro del escalafón latinoamericano, tienen los índices más bajos de corrupción, ¿por qué la gente no los sale a defender con el voto?

 

Si la dictadura terminó hace 27 años y los ilícitos -de izquierda a derecha- que han llenado páginas de diarios y revistas no son inventos de nadie en particular, ¿se puede hablar de una campaña sostenida? Suena muy infantil y fantasioso decir que sí y menos convencer a los rebeldes e indignados con un discurso facilista que habla del “nosotros o el caos”.

 

Suena más real echar gente al camión, pagar una micro, ofrecer desde Chocman hasta parrilladas o tratar de reencantar -no se sabe cómo- al histórico elector.

 

Mientras tanto, en la democracia de unos pocos los menos malos seguirán siendo los reyes.