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La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley este martes el proyecto que castiga con penas de cárcel efectiva -presidio menor en sus grados mínimo a medio- a quienes sean sorprendidos portando líquidos combustibles en el contexto de manifestaciones.
La iniciativa contó con el respaldo de parlamentarios de la Democracia Cristiana, Demócratas y el Partido de la Gente, además de Chile Vamos y el Partido Republicano.
El texto, que contempla penas de hasta 540 días de presidio, está inserto en la agenda de seguridad consensuada entre el Gobierno y el Parlamento.
Desde el oficialismo o el Gobierno han criticado que la propuesta cambie la idea matriz del proyecto original del Ejecutivo, que sólo buscaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles, pero luego la oposición presentó la norma a fin de aumentar las penas.
Producto de esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo reserva de constitucionalidad de parte del Ejecutivo y adelantó un posible veto.
Sin embargo, ha trascendido que a raíz del veto presentado al proyecto antiusurpaciones La Moneda no tendría mucho espacio para acudir al Tribunal Constitucional (TC) o vetar otro proyecto.
Carolina Tohá llamó a rechazar el proyecto y continuar la tramitación en una comisión mixta. Sin embargo, las fuerzas políticas no alineadas, como la Democracia Cristiana, Amarillos, Demócratas y el Partido de la Gente respaldaron el proyecto, respaldaron el proyecto. Asimismo, se abstuvieron los diputados Marta González (IND- PPD), Raúl Leiva (PS), Jaime Naranjo (PS), Patricio Rosas (IND-FA) y Consuelo Veloso (IND-FA).
"(En el oficialismo) están enamorados de las multas y todos sabemos que las multas no son disuasivas, no se pagan en la práctica, y prescriben en seis meses", señaló el diputado Andrés Longton (RN).
"Cuando se quiere poner multas a delitos graves, como portar combustible, que puede repercutir o terminar en el atentado a un carabinero, a un profesor, a un miembro de un establecimiento educacional, como la persona que fue rociada con líquido acelerante y afortunadamente no se le prendió fuego, nuestro país muestra que está cansado y agotado, y esas cosas tienen que ser sancionadas penalmente", agregó el legislador opositor.