La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una nueva querella contra el Presidente Gabriel Boric por malversación de caudales públicos, acusándolo de dañar las arcas fiscales, en el caso de la fallida venta de la casa de Salvador Allende en Providencia.
La acción judicial se basa en el elevado costo de la defensa del Mandatario en la causa penal por la fallida compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende, donde se contrató al abogado Jonatan Valenzuela por más de $13 millones.
La acción, interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, cuestiona el uso de fondos públicos para la contratación directa del abogado. La querella –declarada admisible– señala que el contrato estipula que los honorarios no incluyen gastos adicionales, lo que incrementa el costo total.
El presidente de la ONG, Raimundo Palamara, argumenta que se están utilizando recursos fiscales para el beneficio exclusivo de Boric, constituyendo malversación de caudales públicos. La querella sostiene que la defensa de servidores públicos debe ser asumida por el Fisco solo en actos realizados en función del cargo, y que el acto investigado es inconstitucional.
“El contrato de compraventa por el cual el Presidente Boric es investigado se realizó al margen de la Constitución y las leyes, por lo que corresponde a una actuación ilegítima, fuera de las competencias y facultades con las que la ley lo invistió al Presidente y los demás agentes del Estado involucrados, por lo que malamente se encontraría al alero de los dictámenes”, indica el escrito.
La ONG ya había presentado una querella en enero, responsabilizando al Gobernante por la compra y pidiendo investigar un presunto fraude al Fisco. En la nueva querella, se solicita que se requisen los teléfonos celulares del Presidente y se tome declaración al abogado Jonatan Valenzuela como imputado.
La compra de la casa del ex Presidente Allende, anunciada en diciembre, fue cuestionada por su costo y por la ilegalidad de que dos de las dueñas, Isabel Allende y Maya Fernández, están impedidas de celebrar contratos con el Estado. La adquisición fue cancelada en enero por el Presidente Boric.
En esa ocasión el Mandatario afirmó que nadie buscaba enriquecerse a costa del Estado y pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
