El Partido de extrema derecha, el Republicano presentó al general (R) Enrique Bassaletti para competir contra el actual alcalde Tomás Vodanovic en la comuna de Maipú, en las próximas elecciones municipales de octubre.

En un punto de prensa en la sede de la colectividad, la mañana de este miércoles se lanzó la candidatura del ex uniformado, reconocido como un colaborador de José Antonio Kast y de los equipos programáticos republicanos en materias de seguridad.

Bassaletti, que en la actualidad trabaja en la comuna de La Reina con el alcalde UDI, José Palacios, ha viajado con el líder de la ultra derecha chilena, José Antonio Kast a distintos países para ver temas de seguridad e inmigración.

Estuvo en El Salvador junto con Kast donde visitó la mega cárcel que se construyó en 2020, bajo el mandato de Bukele, donde están recluidos peligrosos reos de la banda de “Las Maras”.

Luego viajó junto a Kast a Hungria para ver las zonas fronterizas y el muro levantado en las fronteras.

Bassaletti fue director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y durante el estallido estuvo a cargo de la Zona Metropolitana Este. Es decir en el anillo Plaza Italia, desde la comuna de Providencia.

El oficial defendió el actuar de la policía uniformada y pasó a retiro en 2021, tras modificación del alto mando.

El revés que propinó a Contraloría, hace 8 meses, tuvo que ver con la decisión del órgano fiscalizador -de marzo de 2021- de levantar cargos en contra de él y otros 6 generales en el marco de hechos de violencia durante el estallido.
En un hecho inédito, Contraloría determinó recomendar la suspensión en el ejercicio de sus funciones de Bassaletti y el resto de los uniformados.

Los generales recurrieron a tribunales. El 11 de septiembre pasado el 22° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda de nulidad de derecho público y dejó sin efecto la formulación realizada por la Contraloría. Es más, condenó en costas al organismo.

La jueza María Cecilia Morales citó entonces un informe de Gustavo Fiamma Olivares, doctor en Derecho, relativo a la “competencia que tendrían autoridades ajenas a la Administración Militar del Estado para instruir Investigaciones Administrativas encaminadas a establecer hechos que pudieren dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias al personal militar”.