Los nuevos antecedentes en el caso de Democracia Viva, que involucran directamente a la legisladora Catalina Pérez (suspendida de RD), llevaron a la bancada de diputados de Renovación Nacional a solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ejercer las acciones penales procedentes para resguardar los intereses del fisco. Asimismo, el desafuero de la parlamentaria.

En el escrito presentado por los jefes de bancada, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, junto al presidente de la comisión que está investigando el traspaso de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro, José Miguel Castro (RN), piden al CDE que busque responsabilidades penales respecto de la fundación "que se adjudicó más de 400 millones en un conjunto de actuaciones que podrían encubrir los delitos de tráfico de influencias, cohecho o fraude al fisco".

La solicitud fue gatillada luego de conocer la declaración del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Detonni, ante el Ministerio Público. El representante del colectivo aseguró que la diputada Pérez conocía del convenio entre Democracia Viva (representada por Daniel Andrade, su ex pareja) y la seremi de Vivienda, encabezada por Carlos Contreras (ex jefe de gabinete de Pérez).

En el documento presentado al CDE los parlamentarios citan además, el informe de la Policía de Investigaciones que plantea que el actuar de la diputada Pérez podría configurar eventualmente el delito de tráfico de influencias. En esa línea, los parlamentarios aseguran que "se evidencian en el proceso investigativo una serie de diligencias cuyos resultados oficiales darían cuenta de delitos en los que estaría involucrada la integridad del patrimonio fiscal y se habría transgredido la probidad funcionaria, antecedentes todos que pueden ser conocidos por este Consejo de Defensa del Estado en mérito de lo dispuesto en su Ley Orgánica”.

A juicio de los diputados de Renovación Nacional no resulta comprensible que luego de tres meses de investigación y conociéndose resultados "contundentes" el CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de acciones judiciales de carácter penal. Por lo anterior, solicitaron impulsar acciones en resguardo del interés fiscal y "requerir el desafuero de aquellos involucrados que gozaren de este privilegio".