La excandidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei los identificó claramente cuando empezaron a difundir informaciones falsas sobre ella, como que tenía alzheimer, cuando iba primera en las encuestas: son bots y trolls del partido Republicano asociados a la campaña de Kast.

Luego de ganar a Matthei en la primera vuelta, el mismo grupo se dedicó a "inventar" informaciones falsas sobre la candidata presidencial de la centro izquierda, Jeannette Jara. Ella misma lo denunció y acusó a Kast en dos foros de televisión.

En Bolivia está preso por un delito de cuasi delito de homicidio, Fernando Cerimedo, que asesoró a los bots chilenos, en las dos elecciones constitucionales y según testigos, a la campaña de Kast en 2025 recién pasado. Este sujeto ofrecía sus servicios de granjas de bots y trolls en américa latina.

Los senadores Iván Flores, Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda, Paulina Vodanovic y Matías Walker presentaron una moción legislativa que pretende castigar la manipulación coordinada en plataformas digitales. La iniciativa apunta directamente a desarticular las “granjas de bots”, penalizando a quienes simulen de manera artificial una participación ciudadana que no existe.

El texto, que ya fue derivado a la Comisión de Constitución del Senado para su respectivo análisis, establece responsabilidades penales tanto para personas naturales como jurídicas, incorporando además la figura maliciosa al control de gasto electoral. Entre sus disposiciones centrales, la norma diferencia estrictamente la operación fraudulenta inauténtica del legítimo ejercicio de la libertad de expresión a través de recursos digitales.

Los legisladores proponen introducir el concepto legal de “red coordinada inauténtica” para definir aquellas cuentas que actúan en bloque ocultando su origen y vinculación común, generando así una apariencia engañosa. “Su objeto es sancionar una conducta tecnológica fraudulenta consistente en simular deliberadamente una pluralidad ciudadana inexistente”, detalla el documento ingresado.

Finalmente, los parlamentarios advirtieron que estas prácticas adquieren una gravedad superlativa cuando intentan interferir en el desarrollo de plebiscitos o votaciones populares. La moción precisa que el bien jurídico protegido no es blindar a los electores frente a las opiniones de terceros, sino resguardarlos frente al falseamiento intencional de la realidad social bajo la cual toman sus decisiones democráticas.