Acogiendo a trámite la solicitud de 70 internos de Punta Peuco que abogan por cambiar su condena de cárcel por arresto domicliario total, el juez Mario Carroza ordenó exámenes de salud a los reos que solicitaron el beneficio.

Ya había adelantado la voluntad de indultarlos el propio nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín y, como es sabido, el exministro del ramo del gobierno anterior, Jaime Campos, se negó a cerrar ese centro penitenciario que alberga a criminales de lesa humanidad.

Carroza dio trámite a la petición del abogado Raúl Meza que busca que estos condenados por violaciones a los DD.HH. cumplan su sentencias en sus casas.

De acuerdo al abogado, se trata de reos mayores de 70 años, para quienes pidió que se les aplique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, acuerdo que fue promulgado por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2017.

“Es una petición que tiene un fundamento y razones de carácter humanitario, dado que aquí lo que se pide es que por primera vez en Chile se haga aplicación expresa de esta convención”, dijo Meza.

Los asesinos, torturadores y otros agentes del Estado que permanecen recluidos en Punta Peuco, ya habían pedido al mismo ministro Larraín y al propio Piñera mejoras en sus condiciones: "Queremos justicia y no más venganza", dijeron

Según Meza, entre los criminales hay 15 con enfermedades terminales, seis de ellos hospitalizados en su etapa final. En tanto, aseguró, un 80% de los reos y condenados sufre enfermedades crónicas, como diabetes agudas, demencia senil, alzheimer e hipertensión arterial.

Los más conspicuos asesinos se encuentran entre los solicitantes, entre ellos el ex director de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann; el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corvalán; el brigadier (r) del Ejército, Miguel Krassnoff; el otrora fiscal militar, Fernando Torres Silva; y el ex agente de la DINA, Pedro Espinoza.

Los exámenes de salud deberán llevarse a cabo por el Servicio Médico Legal (SML). Una vez que esos antecedentes lleguen a sus manos, el magistrado encargado de indagar causas de violaciones a los DD.HH. resolverá de acuerdo a la legislación vigente si procede o no el arresto domiciliario.

Lo que tiene claro Meza, es que si la opción judicial no no prospera, acudirán al gobierno en busca de un indulto generalizado.

“Si en virtud de los antecedentes médicos que tiene cada uno de los internos, él (Carroza) estima que no hay mérito suficiente para aplicar esta convención internacional a personas mayores, evidentemente vamos a dar otro paso, y éste será solicitarle al gobierno que aplique el indulto presidencial”, aseguró.

No solo eso, reclamó porque los exámenes los haga el SML, para comprobar el estado de salud de los internos. Al respecto, enfatizó en la necesidad de que sea el Hospital Militar aquel que compruebe cada caso (SIC).

Para el ministro Larraín (UDI), el gobierno tendrá una postura “restrictiva” con respecto a la entrega de indultos, y advirtió que serán “decisiones muy excepcionales que se contarán con los dedos de las manos”.

“Si se trata de una persona que ha perdido la razón y no se puede desenvolver por sí sólo, porque no es autovalente, uno puede pensar, independiente del delito que haya cometido, en que por consideraciones de dignidad humana le puede dar un indulto”, dijo.

No obstante, la autoridad destacó que por regla general “las personas tienen que cumplir las sentencias por las cuales han sido condenadas. Y no porque tengan un tipo de delito u otro van a tener mejores o peores beneficios”, agragando que se estudiará caso a caso.

“No vamos a entregar indultos enmendándole la plana a los tribunales, porque lo piden las personas o por la presión que algunos puedan ejercer”, sostuvo.

Desde la oposición, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), aseveró que no será fácil para el actual gobierno lograr beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Conmutar penas de personas que han asesinado y cometido barbaridades como las que se efectuaron, es un tema muy debatible y necesario de discutirlo. No creo que eso sea fácil”, dijo.

En tanto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que “Raúl Meza, intencionalmente, ha banalizado un tema tan importante. Él sabe que es una soberana estupidez pedir el arresto domiciliario para 70 reos, pero el no tiene ningún respeto hacia nosotros, pero comunicacionalmente, se maneja”.

Como se recordará, de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile, los delitos de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables, tampoco caben a su respecto beneficios de ninguna naturaleza.