La Sala del Senado aprobó este martes de manera unánime y transversal la ley de reforma al sistema notarial y registral, conocida como Ley de Notarios, tras seis años de tramitación.

Desde el 2018, que fue ingresada al Congreso, la norma ha sido un tema complejo de legislar y sufrió muchos cambios en el camino. En concreto, el proyecto que sale ahora del Congreso no cumple con el propósito original de desnotarizar varios trámites y abrir espacio para nuevos oficios de fe pública para "atacar" el denominado "monopolio" en el sistema de notarios.

No obstante, si se despachó remover a las Cortes de Apelaciones tanto de las fiscalizaciones como de los procesos de nombramientos y terminó con la posibilidad de que asuman el cargo de notarios personas que tengan parentescos con autoridades políticas y judiciales.

"Establece horarios claros de funcionamiento, establece medidas respecto al tipo de soporte digital que tienen que tener y, por cierto, modifica y fortalece la fiscalización a las notarías, archiveros y conservadores de todo el país", destacó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

Asimismo, detalló que "la fiscalización ya no la van a hacer los ministros de las Cortes de Apelaciones, sino que la van a hacer los fiscales judiciales de las Cortes y también el Servicio Nacional del Consumidor en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la prestación del servicio".

"Cambia el sistema de nombramiento de las Cortes, algo que la propia Corte Suprema solicitó, y lo lleva a la Alta Dirección Pública y establece una regla de inhabilidad que es muy importante: ningún familiar que tenga algún parentesco cercano con algún senador o senadora, diputado o diputada, algún ministro de Estado, subsecretario o miembro del Poder Judicial va a poder ejercer el cargo de notario, archivero o conservador", enfatizó el secretario de Estado.

Otro de los puntos notorios de diferencia entre el proyecto del 2018 y el despachado en 2025 es la figura de los fedatarios, quienes actuarían como ministros de fe en trámites de mesón que no necesitan registro.

De acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, el 64% del trabajo de las notarías consiste en ese tipo de trámites y el 80% ni siquiera lo hacen los notarios, sino funcionarios de la respectiva notaría.

División del Conservador de Bienes Raíces de Santiago no forma parte de la ley

El principal problema en la discusión radicaba en si se puede dividir territorialmente y en qué condiciones el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Lo anterior, en parte, porque cuando el proyecto pasó por la comisión mixta, su votación se dividió en tres partes: primero, las normas generales, segundo, el régimen y, tercero, la posibilidad de dividir el Conservador de Bienes Raíces.

El acuerdo señalaba que si el segundo punto se rechazaba, el tercero se tenía que votar, pero en la Cámara Baja se rechazó el segundo y no se votó el tercero.

Lo anterior, generó discrepancias con el Senado, donde finalmente se votó los tres puntos. No obstante, la división del Conservador terminó siendo de carácter simbólico, ya que no fue votador por la Cámara de Diputados y no puede formar parte de la ley.

Durante la sesión, el senador Pedro Araya (PPD) pidió recurrir al Tribunal Constituciona por la situación, para lo que solo obtuvo 12 de los 13 votos que necesitaba para que el Senado lo hiciera como institución.

"Lo que hizo la Cámara, bien o mal o con desconocimiento, no quiero juzgar intenciones, altera la forma de votación y, producto de la alteración de la forma de votación, se termina desvirtuando absolutamente el acuerdo que alcanzó la mixta en ese punto", dijo Araya.

Asimismo, reparó que "lo complejo es, y ya en esto vuelvo a insistir y pongo el ejemplo probablemente que puede ser más complejo para todos los temas tributarios, que son de origen en la Cámara de Diputados. Por eso yo creo que nosotros debiéramos recurrir y aun cuando el Tribunal Constitucional eventualmente nos puede decir que no corresponde el control de constitucionalidad en esa materia, sí dejar planteado el argumento a fin de poder ver de qué manera esto se aborda también en el futuro".

La división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago quedó sujeto al régimen general, lo que significa que se puede dividir, pero los criterios cambiaron. Es decir, por solicitud del Ministerio de Justicia, desde que se promulgue esta ley, se puede pedir un análisis técnico del fiscal judicial de la Corte Suprema y en base a ello orden una eventual división.