El debate legislativo por el borrador de la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno sumó un nuevo capítulo tras un cruce directo entre el senador Matías Walker (indep.Evópoli) con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y también con el ministro de Seguridad Martín Arrau, también militante republicano.

El intercambio escaló a raíz del artículo del borrador que inhabilita por 15 años a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o microtráfico para acceder a prestaciones estatales, incluidas las garantías ligadas al sistema de salud.

Frente a los cuestionamientos del timonel republicano, Walker emplazó a Squella a respaldar una propuesta de ley tramitada desde 2024 en el Congreso Nacional junto a los senadores Ximena Rincón y Luciano Cruz-Coke.

En la misma publicación, el legislador llamó a considerar los reparos planteados inicialmente por la ministra Salud, May Chomalí, respecto de la viabilidad de la iniciativa gubernamental.

"No necesitas quitarle en la constitución el derecho a una prestación de salud a una mujer condenada por microtráfico. Háganle caso a la ministra Chomalí; aún están a tiempo de detener esta locura", señaló a través de sus cuenta de X.

El proyecto de ley citado por el senador busca crear regímenes de segregación reforzada en recintos penitenciarios y restricciones de comunicación para líderes de bandas criminales, sin alterar el texto de la Carta Magna.

Conflicto con el líder repúblicano

Anteriormente, el senador Walker descartó su respaldo legislativo en el Congreso Nacional.

“No cuenten con mi voto para esta locura. Una disposición constitucional que mandata para inhabilitar el acceso a cualquier prestación social financiada con recursos estatales incluso hasta 15 años después de haber cumplido una condena”, advirtió el parlamentario.

La postura de Walker obtuvo una pronta réplica de Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, el mismo del Presidente Kast, quien cuestionó duramente la preocupación por las garantías de los sancionados en la misma red social.

“La condescendencia con quienes secuestraron, asesinaron y mutilaron, simplemente desconcierta. Tu preocupación por integrantes del crimen organizado, sinceramente confunde y asusta mucho”, respondió el timonel republicano.

El cruce en redes sociales suma un nuevo quiebre dentro del oficialismo frente al proyecto prelegislativo impulsado por el Ejecutivo. Mientras la bancada republicana defiende endurecer el marco constitucional, otros legisladores del sector abogan por acotar las modificaciones para no distorsionar el sistema vigente.

Pelea con ministro Arrau

Poco antes de su disputa con Squella, el senador Matías Walker utilizó su cuenta de X para responder al ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de que el secretario de Estado se refiriera a las dudas planteadas por la ministra de Salud, May Chomali, respecto del contenido de la reforma constitucional en materia de seguridad. El parlamentario profundizó la controversia por el alcance de la iniciativa del Ejecutivo.

El origen del cruce se remonta a las declaraciones de Arrau, donde sostuvo que la ministra Chomali no conocería en detalle la propuesta. “Sí, la ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional; es un proyecto que todavía no ha sido público. Así que yo creo que está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto (…) No tiene que ver directamente con salud”, afirmó el secretario de Estado.

Ante esas palabras, Walker cuestionó la afirmación del ministro. El senador sostuvo que la reforma sí tiene implicancias directas en el ámbito sanitario. “Sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al art 19 N 9 que consagra, precisamente el derecho a protección de la salud”.

Junto con su comentario, el senador compartió una captura del presunto borrador de la reforma constitucional. En el texto se detalla que los responsables de delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo quedarían inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales durante el cumplimiento de su condena y por un plazo de 15 años luego de su cumplimiento.

La norma propuesta, según el extracto difundido por el senador Walker, afectaría derechos y garantías establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19 de la Constitución. Estos corresponden, respectivamente, a la protección de la salud, la educación, la libertad de trabajo y la seguridad social.

El senador Matías Walker fue enfático en su rechazo a la medida. En su publicación, Walker afirmó que “no cuentan con mi voto para esta locura“. El parlamentario argumentó que la disposición constitucional mandata al legislador a inhabilitar el acceso a prestaciones sin distinguir el tipo de delito cometido.

Walker ejemplificó el amplio espectro de beneficios que podrían verse afectados por la medida. Entre ellos, mencionó el “GES, las vacunas, la atención en un consultorio, la enfermería de una cárcel producto de una agresión, el ajuar en un hospital para una madre, la ración de Junaeb para los hijos y la libertad de trabajo para reinsertarse en la sociedad con recursos del Sence”.