“A cinco años del estallido, las demandas por justicia social levantadas por la ciudadanía no tienen respuesta“. Con esta frase inicia la declaración pública de la senadora Fabiola Campillai sobre un nuevo aniversario del 18-O.

La legisladora por la región Metropolitana que quedó ciega por el disparo de una bomba lacrímogena al rostro por parte de un carabinero, señaló en el escrito que compartió en su cuenta de X que “las razones que motivaron a la mayoría de las y los chilenos a salir a las calles están más vigentes que nunca y la crisis del sistema político se ha profundizado”.

“El gobierno de Sebastián Piñera dejó un trágico legado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De un total de 3,777 víctimas, sufrimos la muerte de 34 personas, más de 400 víctimas de trauma ocular, más de 400 víctimas de violencia sexual, además de otras miles de víctimas por lesiones. La gran mayoría de estas causas permanecen en la impunidad“, sostuvo.

También apuntó a la derecha de negar “la existencia de víctimas, clasificándolas como delincuentes, al igual que a quienes salieron a manifestarse”.

“En el fondo, no hacen más que defender el mismo modelo estructural de desigualdad, como cuando nos decían que nos levantáramos más temprano, que en los consultorios se hacía vida social, que había bajado el precio de las flores o que éramos un oasis”, agregó.

“No nos cansaremos de demandar justicia“
Más adelante, afirmó que “por más que hablen, seguimos teniendo razón, somos mayoría y no nos cansaremos de demandar justicia, tanto para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como justicia social para el pueblo, por las mismas razones de la revuelta popular”.

“Llamamos a volver a reunirnos en nuestros territorios y a retomar las demandas de hace cinco años, como la seguridad social para pensiones dignas, salud y educación pública y de calidad, así también la deuda histórica del Estado de Chile en materia de derechos humanos, tanto de ayer como de hoy”, enfatizó la senadora Campillai.

Finalmente, invita “a todas las organizaciones sociales de derechos humanos y a los académicos que han dedicado su vida a la educación en esta materia a ser parte de la Mesa de DD. HH. por una Vida Digna, cuya primera tarea será concluir un proyecto de ley de reparación integral ante la falta de un pronunciamiento del Gobierno, el cual será presentado en las próximas semanas”.