La senadora de oposición Paulina Núñez (RN) solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio para esclarecer eventuales ilícitos en el caso de los tres convenios de transferencias de recursos por $426 millones de pesos firmados por la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes del partido oficialista Revolución Democrática.

Si bien los contratos firmados por el ahora exseremi de Vivienda Carlos Contreras serán investigados administrativamente por el Minvu, para la parlamentaria esto no es suficiente y se deben indagar también posibles responsabilidades penales.

“Es relevante dilucidar no sólo administrativamente sino también penalmente las circunstancias de los actores involucrados de manera de esclarecer también posibles ilícitos penales vinculados al tráfico de influencias tipificado en nuestro Código Penal. El Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio”, señaló la senadora Núñez.

Según detalló Núñez, el exseremi del Minvu Antofagasta, Carlos Contreras, trabajó como asesor de la diputada Pérez durante el 2020, mientras que el director de la fundación y pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade, se desempeñó como asesor en la subsecretaría de Defensa hasta este lunes, cuando presentó su renuncia al cargo.

Estos antecedentes para la legisladora, significa un juego de recursos, “que tendrían que haberse invertido en la construcción de viviendas para familias que están esperando por años, que sufren todos los días por no poder tener las condiciones mínimas para mantener a sus hijos en una casa con un baño, con agua, con luz, no sólo es grave, es despreciable”.

Núñez precisó que, “estamos hablando de recursos que perfectamente podrían haber financiado más de 200 subsidios de arriendo por todo un año, eso equivale a haber atendido las necesidades de vivienda totalmente a uno de los campamentos de Antofagasta por 12 meses y si esos dineros se mal utilizaron, si fueron a parar a tareas que nada tienen que ver con atender la necesidad de estas familias, tendrán que dar la cara no sólo para pedir disculpas, sino que para responsabilizarse también ante la Justicia”.