A casi diez meses de llegar al cargo, el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Asumió el abogado Luis Cordero Vega que es abogado de la Universidad de la República y académico de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También es investigador sénior del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) desde su creación., 

La exministra Ríos, asediada por el anuncio de la presentación de una acusación constitucional en su contra y la denuncia por el delito de prevaricación que un grupo de diputados de Renovación Nacional decidió ingresar al Ministerio Público por el indulto a Jorge Mateluna, el Presidente Boric decidió relevarla de sus funciones en la cartera de Justicia.

La socióloga y cientista política asumió en marzo de 2022 en Justicia, como parte del gabinete con que Boric asumió la Presidencia. La mayor parte de su carrera la había desempeñado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También exvicepresidenta de Comunidad Mujer y autora de publicaciones como Mujer y política y Cuotas de género, democracia y representación, trabajó durante 14 años en el PNUD principalmente esos temas.

En 2006, por presiones ante la ausencia de mujeres en la instancia, se incorporó a la comisión que convocó la entonces Presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno -y que presidió Edgardo Boeninger- para reformar el sistema electoral binominal que regía para las elecciones legislativas.

Con menos de dos meses en el cargo, a principios de mayo, la ahora exsecretaria de Estado protagonizó un polémico episodio por su respuesta en una entrevista con El Mercurio, al ser consultada sobre si Celestino Córdoba, condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio de Wener Luchsinger y Vivianne Mackay, era para ella un preso político. La militante de Convergencia Social fue duramente criticada tras evitar hacer una calificación sobre el machi. “No me compete pronunciarme respecto de las calificaciones especificas que tengan los casos”, dijo.

En la Secom su respuesta fue mal evaluada y la misma noche del episodio publicó un tuit explicando sus dichos. Lo mismo hizo al día siguiente en el Congreso. “Quisiera aclarar respecto del caso de Celestino Córdoba: tanto para este ministerio como para esta ministra se trata de un preso común, condenado por homicidio”, señaló, para cerrar el tema.

Posteriormente, su situación comenzó a complejizarse por el traslado de presos mapuche reclusos en Angol. La oposición comenzó a preparar una acusación constitucional tras conocerse que el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, se reunió a puertas cerradas con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, en una cita en la que se habría acordado el traslado de dos internos al Centro de Educación y Trabajo (CET) y otro al Hospital de Angol. El encuentro se dio justamente luego de que el grupo radicalizado se adjudicara un ataque incendiario y amenazara al alcaide del penal. La respuesta inicial de Ríos fue la de desmarcarse del hecho, asegurando que correspondía a las prerrogativas de Gendarmería, lo que le abrió un flanco.

Otro episodio controvertido en su gestión, recuerdan en el oficialismo, es la entrevista que dio a La Segunda denunciando malos tratos por parte de sectores del Senado. “Si usted fue maltratada por algún senador, identifíquelo”, advirtió por esos días el senador Pedro Araya (PPD), exigiendo una disculpa pública.