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Traslado de reos de Punta Peuco busca evitar errores de Piñera

El inminente cierre del penal especial creado para violadores de Derechos Humanos y el cambio de los 129 internos a Colina I, evitará la publicidad previa que efectuó el gobierno de derecha y disminuir así riesgos como el suicidio de Odlanier Mena

Falta la sola firma de la Presidenta Bachelet para cumplir la promesa que le hiciera a Carmen Gloria Quintana, la joven que fuera quemada viva junto a Rodrigo Rojas Denegri por una patrulla militar durante una protesta en contra de la dictadura.

Tras entrevistarse con la Primera Mandataria, Carmen Gloria Quintanala dijo: “Yo estuve conversando con la Presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre” .

Tomada la decisión y ya estudiado una y mil veces el operativo, solo falta ultimar detalles para llevar a los internos en un movimiento de máxima seguridad por razones de salud a su nuevo destino, una cárcel común, pero segregada para ellos.

También falta disponer la fecha y hora de la operación traslado, pues se buscará que no coincida con el 11 de septiembre ni Fiestas Patrias. Probablemente este se llevará a efecto de noche o madrugada y de manera reservada, sin aviso previo, a diferencia de lo que hiciera Piñera, para evitar riesgos e incidentes como los producidos durante el cierre del penal Cordillera, en septiembre de 2013.

Colina I está desde ya hace meses en condiciones de recbir los nuevos huéspedes, de hecho varios de condenados por delitos de lesa humanidad recientemente ya se encuentran allí alojados.

Con el anticipom de aviso de Piñera, una de las consecuencias fueron las protestas que se produjeron a las puertas del penal Cordillera, pero lo más grave vino con el suicidio de Mena, que empañó el objetivo del gobierno de derecha y terminó por enemistar a piñera con la familia militar.

El módulo en Colina 1, donde swerán trasladados los 129 criminales, no posee comodidades especiales como las del penal Cordillera o Punta Peuco. Dispone sí de una adecuada enfermería supervisada por jueces de causas de derechos humanos, para evitar que los condenados, sobre todo los adultos mayores, fueran sacados periódicamente del penal al Hospital Militar u otros centros asistenciales a control y tratamientos.