La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Gobierno de Kast revertir tres despidos que se llevaron a cabo en la propia La Moneda y los ministerios del Deporte y Energía el pasado mes de marzo.

El primer fallo de la Corte ordenó reincorporar a la jefa del Departamento de Repostero Presidencial y Casino General de la Presidencia, Beatriz Ponce, quien fue desvinculada el pasado 12 de marzo por “falta de confianza”.

La decisión de desvincular a Ponce fue adoptada por el encargado de la institución de la Presidencia, Julio Feres, apenas un día después de que el presidente José Antonio Kast asumiera su cargo.

Los motivos fueron claros: aludieron a una supuesta “pérdida de confianza” hacia la funcionaria y la austeridad fiscal que pidió Hacienda por oficio, el cual instruía una reestructuración técnica y eficiencia del gasto público en las distintas reparticiones del Estado.

Sobre esto último, hasta febrero, ella percibía cerca de $3,6 millones brutos, aunque en algunos meses de 2025 llegó a recibir $6,2 millones.

Asimismo, desde La Moneda se sostuvo que una persona con formación profesional en administración de casinos sería más idónea para desempeñar el cargo. La profesional es nutricionista.

Estos argumentos no fueron acogidos, dándole a la jefa de repostería el triunfo de este “gallito judicial” que culminó con la decisión de dejar sin efecto la resolución de Presidencia.

Cabe destacar que Ponce se desempeñó bajo la modalidad de contrata, vínculo que fue renovado desde 2019 en adelante, construyendo un historial laboral de 7 años y cuatro meses hasta su despido.

El fallo de la justicia
Tras su desvinculación, la afectada recurrió a la justicia a inicios de abril para presentar un recurso de protección para que se declarara ilegal su despido, se dejara sin efecto la medida y se ordenara su reincorporación inmediata.

Además, solicitó el pago de las remuneraciones y cotizaciones correspondientes al período en que permaneció apartada de sus funciones.

En su fallo, el tribunal desestimó los argumentos relacionados con una supuesta falta de confianza y precisó que “el carácter de exclusiva confianza en la Presidencia se encuentra circunscrito de manera unívoca a los cargos de planta de dicha institución“, por lo que no le correspondía ser desvinculada por este motivo al ser funcionaria a contrata.

Junto con ello, la Corte sostuvo que Ponce contaba con confianza legítima, vinculada al “principio de seguridad jurídica” que debe ser considerado por las instituciones al desvincular a funcionarios que acumulan más de cinco años de servicio, por lo que se exigen motivos suficientes para justificar su salida.

El fallo establece que la profesional se mantuvo trabajando a contrata de forma ininterrumpida por un período superior a los siete años y cuatro meses, extensión que supera con creces el límite de cinco años considerado.

Por ello, la Corte determinó dejar sin efecto su desvinculación y ordenó reincorporarla a la institución, ya sea en el cargo que ejercía o en uno de igual jerarquía o grado.

Además, estableció que se le deberán “pagar las remuneraciones y cotizaciones de seguridad social que se hubieren devengado durante el período en que permaneció separada de sus funciones, hasta su efectivo reintegro”.

El historial laboral de Ponce es extenso. Su contratación se remonta al 1 de noviembre de 2018, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando fue incorporada como nutricionista coordinadora.

Este rol fue desempeñado hasta 2023, cuando la administración del expresidente Gabriel Boric decidió ascenderla al cargo del que fue desvinculada.

Su salida y la pérdida de confianza se produjeron pese a que, en noviembre de 2025, la autoridad respectiva de La Moneda, Antonia Illanes, había ratificado su continuidad de sus funciones, al menos, hasta el 31 de diciembre de este año, según señala The Clinic.

Con el fallo, la profesional deberá ser reincorporada a sus funciones, en una decisión judicial que representa un revés para La Moneda y que deja sin efecto los argumentos utilizados para justificar su desvinculación.

Los otros dos casos

Los otros casos corresponden a un funcionario que fue despedido el pasado 24 de marzo del Ministerio del Deporte. Nicolás Gutiérrez se desempeñaba como analista de planificación y control de gestión, y que además cuenta con una discapacidad física, asociada a un 19% de movilidad reducida.

A dicho cargo había llegado el pasado 1 de octubre por un concurso público bajo la modalidad de contrata. En diciembre pasado, durante el Gobierno de Gabriel Boric, su contrato fue renovado por todo el 2026. Sin embargo, con la llegada de la nueva administración, cesaron sus funciones bajo el argumento de la austeridad fiscal mandatada por Hacienda.

El segundo caso ocurrió en el Ministerio de Energía y la afectada fue la ingeniera civil industrial Catalina Bravo. Desde diciembre de 2025 se desempeñaba en la Unidad de Sectores Productivos, área a la que llegó tras adjudicarse un concurso público asumiendo el cargo de analista de iniciativas energéticas, bajo la modalidad de contrata.

Una semana antes de la llegada del nuevo Gobierno se renovó su contrato por el resto del año, pero el pasado 30 de marzo fue desvinculada. Desde la cartera aseguraron que la decisión fue por el cambio de autoridades y al “nuevo enfoque de gestión”, por lo que sus servicios “ya no eran necesarios”.

Los fallos de la Corte

La Corte de Apelaciones, en sus fallos correspondientes a estos despidos, ordenó al Gobierno de Kast a restituir a estos funcionarios.

En el caso de Gutiérrez argumentó que no habían antecedentes suficientes que justificaran la reestructuración interna invocada por Deportes, por orden de Hacienda, y que no se logró acreditar los criterios objetivos —como antigüedad o desempeño— para sustentar la desvinculación.

Respecto a Bravo, el tribunal estimó que el cambio de Gobierno no es motivo para realizar desvinculaciones en cargos de mérito a los que se postula por concurso público.