Según un informe presentado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (consignado en La Tercera), desde la fecha un total de 2.774 embarazos cumplían con los parámetros para ser interrumpidos. Del total, en un 83% de los casos se concretó el procedimiento en uno de los 70 establecimientos adaptados y autorizados por el Ministerio de Salud.

Es necesario destacar que un total de 155 menores de edad se sometieron a la interrupción del embarazo. De la cifra mencionada 130 fueron por la causal de violación. 

Para las niñas y jóvenes que se acogen a la ley se contempla un protocolo especial. Primero se solicita la autorización de un representante legal de la menor. Si el permiso no es entregado, la paciente puede concurrir a un juez para la constatación de una de las causales, siempre amparada por un profesional de la salud. Elevada la solicitud, se debe obtener una respuesta en menos de 48 horas. 

En relación a lo anterior Diana Aurenque, directora del departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, explicó:”Se debe tener la completa convicción de que se cuenta con el consentimiento de la menor y no que (el aborto) ocurra por obligación de terceros, sea la familia, médicos o amigos. Lo mismo en caso de que la menor desee no abortar”.

“Lo fundamental es siempre eso: detectar que la menor entiende lo que le ocurrió, que esté recibiendo suficiente acompañamiento psicoemocional y apoyo de su familia, y constatar que ha ponderado las opciones y ha tomado la decisión de forma racional. Sin duda, deben estar acompañadas de un asesoramiento plural, no solo médico o religioso, sino también de la sociedad civil, de organismos de mujeres, entre otros”, finalizó la profesional.