El sistema penal moderno descansa sobre un principio esencial: la privación de libertad es la sanción más grave que puede imponer el Estado, y por lo mismo solo puede justificarse cuando existe certeza suficiente de culpabilidad. Sin embargo, la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas demuestra que ningún sistema judicial está completamente libre de errores.

Diversos estudios criminológicos internacionales estiman que entre el 1% y el 6% de las condenas penales pueden corresponder a errores judiciales, con estimaciones más amplias que en ciertos contextos alcanzan cifras cercanas al 10%. Si se proyectan estas tasas sobre la población penitenciaria mundial —que supera los 11 millones de personas— el resultado es inquietante: cientos de miles de personas podrían estar privadas de libertad siendo inocentes.

Chile no está ajeno a este riesgo estructural. En la última década, decenas de miles de personas estuvieron en prisión preventiva para luego ser absueltas o sobreseídas, lo que revela que la privación de libertad de inocentes no es una hipótesis teórica, sino una posibilidad real dentro del funcionamiento cotidiano del sistema penal.

Chile ya tiene una herramienta institucional: el Proyecto Inocentes

A diferencia de muchos países de la región, Chile cuenta con una iniciativa específica destinada a enfrentar este problema: el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, creado precisamente para identificar, investigar y corregir condenas erróneas.

Este programa ha permitido documentar casos emblemáticos de errores judiciales, visibilizar fallas estructurales del sistema penal y promover reformas procesales orientadas a mejorar las garantías de defensa.

Sin embargo, el desafío actual no es crear nuevas instituciones, sino potenciar decididamente las capacidades del Proyecto Inocentes, dotándolo de herramientas tecnológicas y mecanismos institucionales que permitan ampliar su alcance.

El problema del error judicial es demasiado serio como para abordarlo únicamente caso a caso. Requiere capacidades sistemáticas de revisión de condenas.

La revolución tecnológica que el sistema penal aún no aprovecha

Hoy existe una oportunidad que hace apenas una década era impensable: la digitalización casi completa de los expedientes judiciales.

En Chile, gran parte de los procesos penales se encuentran registrados en formato digital, incluyendo
resoluciones judiciales,
declaraciones,
informes periciales,
registros de audiencias,
y archivos de audio de los juicios orales.

Este volumen de información constituye una base de datos extraordinariamente valiosa para la detección de errores judiciales.

Aquí es donde la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta revolucionaria para el sistema de justicia.

Los sistemas avanzados de análisis documental pueden revisar miles de expedientes en busca de patrones de riesgo asociados a condenas erróneas, tales como:
inconsistencias probatorias,
testimonios contradictorios,
errores en identificación de testigos,
uso de pericias cuestionadas,
confesiones obtenidas en contextos problemáticos,
o debilidades estructurales en la defensa técnica.

Además, la capacidad de procesar audios de audiencias judiciales mediante herramientas de transcripción y análisis automatizado permite revisar grandes volúmenes de información que antes eran prácticamente inaccesibles.

Lo que antes requería años de trabajo manual por parte de equipos jurídicos hoy puede realizarse en semanas o incluso días, con costos significativamente menores y por máquinas y sistemas. 

Una política pública posible mediante instrucción ministerial y coordinación institucional.

Para que esta capacidad tecnológica tenga impacto real, no basta con iniciativas aisladas. Se requiere una política pública explícita de integración institucional.

Una alternativa viable sería establecer, mediante instrucción ministerial y coordinación institucional, la obligación de que los distintos operadores del sistema penal —Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Gendarmería y fuerzas de seguridad — faciliten el acceso estructurado a bases de datos para fines de revisión de condenas en el marco del Proyecto Inocentes.

Esto permitiría construir sistemas de análisis masivo de causas penales, utilizando inteligencia artificial como herramienta de apoyo para identificar casos potencialmente afectados por errores judiciales.

Lejos de debilitar el sistema penal, esta estrategia fortalecería su legitimidad, al demostrar que el Estado no solo persigue delitos, sino que también se preocupa activamente de corregir sus propias fallas.

Un problema penitenciario pendiente

Existe además una dimensión que Chile aún no ha abordado con suficiente seriedad: la situación penitenciaria de quienes sostienen fundadamente haber sido condenados injustamente y habilitan para el programa existente.

Actualmente, el sistema carcelario no distingue entre quienes cumplen condena reconociendo responsabilidad penal y quienes mantienen procesos activos de revisión judicial o alegaciones fundadas de inocencia, situación que respecto de los primerizos se torna aún más delicada. 

Esta circunstancia genera tensiones evidentes dentro del sistema penitenciario y puede dificultar el ejercicio efectivo de la defensa.

Por ello, diversos especialistas en política criminal han propuesto la creación de módulos penitenciarios diferenciados para internos cuyos casos se encuentran bajo revisión por posibles errores judiciales.

Esta medida no implica declarar inocentes a quienes allí se encuentren, sino garantizar condiciones institucionales adecuadas para la revisión de sus causas, evitando que el propio sistema penitenciario se transforme en un obstáculo para la búsqueda de la verdad.

La legitimidad del sistema penal depende de su capacidad de corregirse

En el siglo XVIII, el jurista inglés William Blackstone formuló un principio que sigue siendo central para las democracias modernas:

“Es preferible que diez culpables queden libres antes que un inocente sea condenado.”

Este principio no es una concesión al delito. Es una garantía fundamental del Estado de Derecho.

Cuando un inocente es condenado, no solo se produce una tragedia personal. También ocurre algo más grave: el verdadero culpable permanece libre, el peligro aumenta y la confianza pública en la justicia se erosiona.
Chile cuenta hoy con una herramienta institucional valiosa para enfrentar este desafío: el Proyecto Inocentes.

Fortalecerlo, incorporar inteligencia artificial para la revisión masiva de causas y avanzar hacia una gestión penitenciaria diferenciada para casos en revisión no es un lujo académico. Es una condición mínima de seriedad para un sistema penal que aspira a ser justo. Porque la fortaleza de una justicia moderna no se mide por la cantidad de condenas que obtiene.

Se mide por su capacidad de reconocer y corregir sus propios errores.