Han pasado 50 años del Golpe Militar, en este tiempo tanto la educación secundaria como la superior han llevado adelante significativos cambios, luego del Golpe Militar en 1973. Uno de ellos La municipalización de la enseñanza en 1980 que trataba de una reforma del sistema administrativo de la educación secundaria de los establecimientos educacionales, como así también en la educación superior.

Tras la irrupción del régimen militar, luego del Golpe de estado en Chile ocurrido el 11 de septiembre de 1973, comenzó a prepararse un escenario para los futuros cambios de la educación en el país, algunos de los cuales implicaron la exoneración de profesores y la prohibición de textos escolares y libros. Así también, con la intervención a las universidades, entre los años 1973 y 1976 se procedió a la expulsión de académicos, funcionarios y estudiantes cercanos o simpatizantes al gobierno de la Unidad Popular. Este proceso alteró profundamente el concepto de universidad, entendido como aquel espacio donde se produce el conocimiento de manera independiente de los poderes públicos (políticos y económicos) y que está al servicio de la sociedad (Errazuriz, J. 2017). Seguidamente, Errazuriz señala que la primera norma relacionada con la universidad fue el Decreto Ley Nº 50, del 1 de octubre de 1973, que establecía la designación de rectores-delegados en cada una de ellas. Estos rectores eran representantes de la Junta Militar en las casas de estudios superiores.

Otro de los cambios, hacia el año 1974, se promulgó el Decreto Ley N° 353; uno de los dictámenes de la Junta Militar ordenó suprimir las “Escuelas Normales”, sumadas a muchas otras determinaciones que afectaron directamente la formación de profesores y profesoras en el país. Como, por ejemplo, establecer un sistema nacional de formación docente, que las conformaban las universidades del Estado y universidades particulares reconocidas en ese momento.

Hasta 1980 la Educación superior chilena se estructuraba por universidades, de las cuales solo algunas tenían sedes en diferentes ciudades del país. Todas ellas obtenían los recursos del Estado, aun cuando correspondían organizaciones de carácter privado. No obstante, con la vigencia de la Constitución de 1980 se estableció un nuevo ordenamiento jurídico constitucional. En el Artículo N° 1 de la dicha Constitución se estableció que “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Sin lugar a duda, esta normativa de carácter general carece, a diferencia de la norma constitucional de1925, de mayor especificidad en el campo de la autonomía universitaria.

Es así como la promulgación del DFL N° 1 de Educación en 1980 estableció un nuevo ordenamiento y fijó nuevas directrices para las universidades, correspondiéndole a la Ley regular, específicamente, los conceptos de autonomía universitaria, a partir de una norma constitucional, de carácter general como la transcrita.

Con la instauración de nuevos marcos reguladores en el campo de la Educación superior, desde la reforma de los años ‘80, se inicia un proceso de complejas relaciones entre los organismos públicos y las instituciones universitarias, tanto estatales como privadas. Este marco normativo de 1980 consideró no sólo a las universidades como instituciones de Educación superior, sino que reconoció además formalmente dos tipos de instituciones de Educación superior no universitaria: los Institutos profesionales y los Centros de educación técnica.

Posteriormente, en el año 1998 se reconocieron como instituciones de Educación superior a las organizaciones dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y seguridad, y de Policía e Investigaciones. Estas definiciones y redefiniciones de los marcos conceptuales y jurídicos normativos desde los cuales empezó a operar este campo van posibilitando un tipo de relación entre los distintos actores comprometidos, lo que permitió dar cuenta de las variaciones en el contexto universitario durante la década de los años ‘90.

En efecto, como resultado de la aplicación del Decreto Ley del año 1980. Se procedió a la eliminación de las sedes regionales dependientes de dos universidades estatales -Universidad de Chile y Universidad de Santiago-, creándose de esta forma las llamadas “universidades regionales”, las que pasaron a constituirse en universidades, o bien en institutos profesionales con autonomía relativa, dado que las universidades reconocidas debían realizar un seguimiento de sus procesos académicos. Todas estas instituciones de Educación superior se convirtieron también en dependientes del Consejo de Rectores, con lo cual se alcanzó un total de 25 universidades chilenas. En ese tiempo, la ley categorizó las carreras universitarias donde las pedagogías quedaron excluidas y perdieron su carácter universitario.

Por otro lado, con la reforma de los años 80 se inició en Chile un proceso de fundación de universidades privadas, llegando a sumar 36 en ese momento, generándose así un entramado proceso de configuración de un sistema de relaciones objetivas adentro del campo universitario, que fueron definiendo un nuevo orden de posiciones de las entidades universitarias.

Es de esta forma que con el DFL Nº 1 y Nº 5 de 1981 se sentaron las bases para la creación de universidades privadas, salvaguardadas por un modelo neoliberal garantizador de los derechos privados, y que el Estado incipientemente intentaba regular y cautelar a través del sistema de examinación. Al cabo de algunos años, este marco jurídico fue modificado como producto de las deficiencias y vacíos legales que la normativa dictaba para el ejercicio de una fiscalización más exhaustiva, frente a la creciente demanda de creaciones de nuevas universidades.

Efectivamente, a partir del año 1982 se inició en Chile la fundación de las primeras universidades privadas no pertenecientes al Consejo de Rectores, siendo así también las primeras en obtener su plena autonomía, constituyéndose en las primeras instituciones concurrentes al campo, las que dotadas de los instrumentos y de ciertas estrategias de ruptura, lograron monopolizar un tipo de capital específico, luchando tempranamente por el ingreso al campo de poder que, hasta ese momento, era privativo de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Durante el transcurso de los años 1988 y 1989 se crean nueve universidades privadas. Terminado este proceso, en ese tiempo las universidades privadas.

Seguidamente, en la década de los ’90 una vez iniciado el proceso democrático en Chile irrumpieron en el discurso conceptos referidos a la calidad de enseñanza, excelencia académica, acreditación, autonomía, examinación, regulación y otras tantas acepciones, que comenzaron a imponerse como los nuevos referentes teórico y conceptuales del debate en torno a lo universitario. Es de esta forma que con el DFL Nº 1 y Nº 5 de 1981 se sentaron las bases para la creación de universidades privadas, salvaguardadas por un modelo neoliberal garantizador de los derechos privados, y que el Estado incipientemente intentaba regular y cautelar a través del sistema de examinación.

Al cabo de algunos años, este marco jurídico fue modificado como producto de las deficiencias y vacíos legales que la normativa dictaba para el ejercicio de una fiscalización más exhaustiva, frente a la creciente demanda de creaciones de nuevas universidades.

Las décadas que siguieron representan un período durante el cual se avanzó en la reflexión acerca de la naturaleza de las relaciones entre el Estado y las Instituciones de Educación Superior, y en particular en torno a las responsabilidades de las universidades estatales y privadas con el Estado y con la comunidad nacional. En 1997 eran ya 67 el número de universidades públicas y privadas, de las que 32 se encontraban en proceso de acreditación universitaria.

Posteriormente, en el año 1998 se reconocieron como instituciones de Educación superior a las organizaciones dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y seguridad, y de Policía e Investigaciones. Estas definiciones y redefiniciones de los marcos conceptuales y jurídicos normativos, desde los cuales empezó a operar este campo, van posibilitando un tipo de relación entre los distintos actores comprometidos, lo que permitió dar cuenta de las variaciones en el contexto universitario de la década de los años ‘90.

Hoy en día, según fuente de información del Ministerio de Educación con fecha abril del 2022, las instituciones de educación superior registradas corresponden a 58 universidades públicas y privadas, 33 institutos profesionales y 50 centros de formación técnica, más 19 instituciones de las fuerzas armadas, donde su reconocimiento Oficial corresponde al Ministerio de Defensa, que, para efectos de educación superior, se mantienen registradas en el Ministerio de Educación.