Tras los devastadores incendios en los bosques patagónicos de Chubut y Río Negro, el gobierno de Javier Milei declaró hoy formalmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) organización terrorista, al incorporarla al registro público que agrupa a personas y grupos acusadas por ese tipo de accionar ilícito.

La decisión se conoce poco después de que el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, -en la foto y que también estuvo preso en Chile- lanzó una polémica declaración que provocó el repudio generalizado, pero también denuncias ante la Justicia: "Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes".

En una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada en el Boletín Oficial, se estableció, en cuarto artículos, “declarar reunidos los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)“. Además, se dispuso dar intervención a la Cancillería para que presente conformidad con la normativa vigente, debido a que los datos e información será compartida por la Argentina a otros gobiernos.

En ese registro figuran organizaciones de terrorismo islámico, como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda o el Taliban, la Jihad Islámica o ISIS, pero también los nombres de todos los acusados por el atentado a la AMIA que tienen pedido de captura internacional.

Es que el RePET, que están en jurisdicción del Ministerio de Justicia, tiene como objetivo facilitar el acceso y el intercambio de información sobre personas y entidades relacionadas con actos de terrorismo o su financiamiento, promoviendo la cooperación tanto a nivel nacional como internacional.

La ministra Patricia Bullrich firmó la resolución que declara organización terrorista a la RAM.
Entre los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial se detalla que, desde hace más de una década, la RAM llevó a cabo una serie de acciones violentas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur de Argentina. Entre los hechos más destacados se encuentran incendios intencionales que han devastado bosques milenarios, ataques a viviendas, establecimientos y vehículos, así como agresiones directas contra personas.

Según el Ministerio de Seguridad Nacional, estos actos han sido reivindicados públicamente por líderes de la organización, como Jones Huala, quien recientemente admitió el uso del incendio como herramienta de presión.

Los incendios en la Patagonia cedieron en las últimas semanas tras lluvias y operativos de emergencia (foto Reuters)
En la resolución también se señala que la RAM opera en coordinación con otras agrupaciones que, aunque utilizan nombres distintos, comparten los mismos objetivos y responden a una estructura común. Estas acciones, según el informe, tienen como propósito “sembrar el terror y presionar a las autoridades”, cumplen con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina, que agrava las penas para delitos cometidos con fines terroristas.

La decisión de inscribir a la RAM en el RePET se enmarcó, según se desprende de la resolución, en compromisos asumidos por Argentina en diversos tratados internacionales. Entre ellos, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que instan a los Estados a establecer regímenes jurídicos y administrativos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento. Asimismo, el país ha adoptado resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1373 (2001), que exige a los Estados congelar los activos financieros de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

En los fundamentos se destacó que la derogación del decreto que declaraba la emergencia en tierras indígenas -y que habilitó los desalojos- “ha contribuido al aumento de los conflictos en la región”. Esta ley, que durante 18 años impidió los desalojos de tierras usurpadas, dejó un vacío legal que, según el Ministerio de Seguridad, ha sido aprovechado por la RAM para intensificar sus actividades.

Para el Gobierno, desde entonces los incendios en los bosques del sur argentino han aumentado significativamente, y en varios casos se ha comprobado que fueron provocados de manera intencional.