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Banmédica activa mecanismo de resolución de controversias contra Estado de Chile por crisis en isapres

La isapre Banmédica informó que “ante la incerteza jurídica”, su controlador, UnitedHealth Group (UHG), denunció que el Estado de Chile ha cometido “una serie de acciones que han dañado, y continúan dañando, la inversión” de la compañía en el país.

Mediante un comunicado, la empresa explica que activarán un mecanismo de resolución de controversias por “la creciente preocupación de nuestra compañía por la situación de las isapres”, mencionando las sentencias emitidas por la Corte Suprema respecto a las tablas de factores.

Así, indican que fue este lunes 23 de enero que enviaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, con copia a las ministras de Relaciones Exteriores y de Salud.

“La decisión de recurrir a este mecanismo se da no solo como resultado del reciente fallo de la Corte Suprema respecto a tablas de factores que ha agudizado la crisis del sector”, menciona el comunicado, “sino en el marco de diversos hechos que han perjudicado el quehacer de las isapres, así como también a los prestadores de salud del grupo en Chile.

En esa línea, aluden a que la sentencias judiciales del máximo tribunal del país “han impedido ajustar el precio base, el precio GES y el componente del precio asociado a las tablas de factores de los planes de salud; la licencia parental extendida que fue pagada por las isapres sin compensación alguna; la falta de revisión y prevención del fraude que ha llevado a millonarios pagos en licencias médicas fraudulentas, entre otros”.

Todo lo anterior, asegura la empresa, constituye “una violación a sus obligaciones” consagradas en el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito por nuestro país y Gran Bretaña, que data de 1997.

“UHG y Banmédica se encuentran siendo asesorados en este proceso por el estudio Claro y Cía. y el bufete internacional Hogan Lovells”, consigna además el comunicado.

Ahora corresponde que dentro de los próximos tres meses ambas partes alcancen una solución, la que de no concretarse significaría llevar el conflicto a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).